Indignados. Los ciudadanos de Puno inician, este jueves, un paro de 48 horas, en apoyo a su gobernador regional, Walter Aduviri, que el pasado 14 de agosto fue condenado a seis años de prisión por el delito de "coautor no ejecutivo" de disturbios producidos en el Aymarazo del 2011.
Por la mañana, como informó HBA Noticias, los manifestantes bloquearon la vía Puno-Desaguadero a la altura del centro poblado de Salcedo. Para ello, los ciudadanos usaron piedras, palos y vidrios a lo largo de al menos cinco kilómetros de la vía. Producto de ello, decenas de vehículos quedaron varados. Los policías llegaron a la zona y usaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, se pudo observar en imágenes de Canal N.
La noche del miércoles, más de 200 pobladores del distrito de Mazocruz realizaron una vigilia en los exteriores de la Corte de Puno y el atrio del santuario de la Virgen de la Candelaria, en apoyo a Aduviri, según informa La República.
“Hemos perdido la soberanía de nuestros recursos naturales. No sería raro que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, también quede preso por defender los recursos naturales y rechazar el proyecto minero Tía María”, dijo uno de los pobladores en dicha vigilia.
“Nuestro hermano Walter Aduviri no es delincuente, no es asesino, lo han sentenciado sin pruebas”, agregó el dirigente Pedro Carpio.
Esta protesta coincide con la marcha nacional de este 5 de setiembre que pide "Que se vayan todos" y que se adelanten las elecciones. En Puno, las manifestaciones seguirán hasta el viernes 6 de setiembre.
Walter Aduviri fue sentenciado a seis años de prisión por ser "coautor no ejecutivo" de disturbios en la protesta indígena del Aymarazo en el 2011, cuando lideró la protesta de las comunidades campesinas de Puno contra decretos que emitió el gobierno de Alan García a favor de la minera canadiense Bear Creek (proyecto Santa Ana), normas que finalmente fueron derogadas tras la violenta protesta.
Estos decretos violaban la prohibición de realizar actividades extractivas a menos de 50 kilómetros de zona de frontera, en este caso de Bolivia. La justicia peruano lo ha sentenciado por considerarlo responsable de los actos de violencia en la protesta: los incendios de los locales de la Contraloría, la Gobernación y Aduanas.
Paradójicamente, por derogar estos decretos, el Estado Peruano perdió un laudo arbitral en el CIADI ante la minera Bear Creek y se le ordenó pagar US$30,2 millones como reparación en beneficio de la empresa.
[Foto de portada: Karin Chacón / Ojo Público]
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