Desde que el presidente Martín Vizcarra recogió la propuesta de los gobernadores regionales del sur del Perú para una nueva ley de minería, los gremios empresariales han manifestado su rechazo. La Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE) argumentan que esta iniciativa pone en peligro las inversiones. Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, dice que no se opone a los cambios, pero siempre pone reparos.
Esta vez lo hizo en una entrevista al diario Gestión, en la que dijo que "las leyes pueden ser revisadas, pero..."
"Lo que me sorprende es que el Presidente salga en el Congreso a pedir una nueva ley de minería a raíz de que el señor Cáceres Llica un poco más y se lo impone".
No solo redujo una propuesta grupal a una idea individual, sino que no consideró que los gobernadores regionales tienen autoridad y legitimidad para presentar propuestas en busca de una solución a los conflictos. Cuando le insistieron para que responda si, en su opinión, podían o no hacerle cambios a la ley de minería, contestó que "claro, lo único irreversible es la muerte", pero...
"No me digan que porque Tía María no sale, necesitamos una nueva ley de minería, eso no".
En un contexto de creciente conflictividad social por proyectos mineros, Gestión le pregunta a Benavides si está de acuerdo en que las empresas le den dinero a las comunidades campesinas, el expresidente de la Confiep, responde:
"No. Lo que debemos hacer son obras por impuestos. No creo en el dinero al bolsillo de las personas".
Pero, ¿lo que hacen los empresarios no es también tener dinero en sus bolsillos? Bueno, precisamente sobre este tema, hace unas semanas, en un pronunciamiento en el que piden negociación colectiva, los sindicatos de trabajadores del sector resaltaron que las empresas mineras tienen ganancias anuales que llegan al 160% con un total de 29,000 millones de soles.
¿Y qué las comunidades sean socias de las mineras? Roque Benavides también tiene sus reparos.
"Es un caso complejo. Para eso habría que cambiar toda la legislación, pero hoy el marco de la ley contempla que el suelo es de todos los peruanos", dijo.
¿Y modificar la ley de canon y regalías mineras? Para el empresario minero, "la descentralización del país demuestra que no es muy exitosa".
"Hay regiones que tienen canon y hay regiones que no. Soy de la idea de que deberíamos ir a distritos electorales y distribuir el canon en función de distritos más pequeños", afirmó.
A Benavides le preguntan, por qué cree que un sector de la población rechaza a la minería. Él dice que "muchas veces son argumentos medioambientales", que "si hay que revisar cómo se tienen que hacer los EIA, que se revise". Y ahí viene un nuevo "pero..." y esta vez expresado por él de esa manera:
"Pero no está en la ley de minería. Hay que revisar todo el esquema legal, pero no por presión ni en plena confrontación".
Es decir, reconoce que hay un problema a solucionar y que se deben revisar los EIA, pero señala que eso no se puede porque no está en la ley de minería y, en ese sentido, agrega que se debe revisar, pero no por lo que él llama presiones. Otros podrían considerar a estos pedidos "llamados", ya que no solo parte de una idea de las autoridades regionales, sino también de la población.
En una reciente encuesta del IEP, se mostró que un 64% de peruanos considera que la minería solo beneficia a las grandes empresas, un 22% cree que beneficia al país en general y solo un 6% cree que beneficia a las comunidades y otro 6% a las regiones en las que se desarrollan las actividades extractivas.
Otro dato interesante de esta encuesta es que 36% de los encuestados considera que ninguna minera respeta el medio ambiente, un 32% cree que una minoría de empresas lo hace, un 17% que la mitad sí lo hace y solo 8% cree que la mayoría de compañías lo respeta. Un escaso 2% cree que todas las empresas mineras respetan el medio ambiente.
Volviendo a lo que dijo Benavides, en un intento por deslegitimar las protestas y a las comunidades campesinas, el empresario cuestionó quiénes son sus dirigentes, aunque no mencionó nombres ni explicó motivos. Consultado sobre la suspensión de Tía María (Southern Copper) en Arequipa, le recordaron el proyecto Conga (Yanacocha) en Cajamarca y respondió:
"El problema con Conga y Tía María es la falta de institucionalidad a nivel de las comunidades. ¿Quién maneja la comunidad? ¿Quién las dirige? ¿Todos respetan las decisiones tomadas? La falta de institucionalidad no solo es a nivel del Estado, sino también de las comunidades".
Para cambiar las cosas en este sector, a nivel laboral y social, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) ha propuesto que los empleados de las empresas y las comunidades que están en las zonas de influencia tengan participación accionaria y un asiento en el directorio de las compañías. Veremos cómo reacciona el gremio empresarial a esta propuesta.
[Foto de portada: Andina]
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