La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó que el allanamiento a los dos inmuebles relacionados con su defendida son actos innecesarios porque el fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó la diligencia al Poder Judicial, tiene desde hace tres años documentación contable que entregó Fuerza Popular e información que obtuvo en allanamientos anteriores a locales partidarios y a domicilio de directivos. 

Loza asegura que esta diligencia ha sido aprobada sin que el Ministerio Público haya citado o requerido información a las propietarias de los inmuebles ubicados en Miraflores y Surco: Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez y Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi, respectivamente. Por esta razón la abogada calificó estas nuevas diligencias como "abusos".

"Allanar e incautar los domicilios de dos jóvenes que ni siquiera han sido citadas como testigos y a las que nunca se les requirió documentación es un atropello y una injusticia más del fiscal [José Domingo] Pérez. ¡Basta de abusos contra Keiko!", escribió en su cuenta de Twitter.

Para la abogada de la lideresa fujimorista, estas nuevas medidas solicitadas por Pérez buscan afectar el proceso de la casación que planteó ante la Corte Suprema contra la prisión preventiva de Keiko Fujimori. "Una vez más, la fiscalía usa instrumentos procesales para presionar indebidamente a la Corte Suprema y evitar que Keiko recupere su libertad. ¡El show del fiscal no tiene límites!", indicó Loza. 

Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez explicó a la prensa que lo que se busca encontrar es documentación de Fuerza Popular que fue sustraída de la diligencia en el local principal de ese partido, que se realizó el 7 de diciembre de 2017, con la intervención de varios parlamentarios de la bancada fujimorista. 

“Se le informó a fiscal de la Nación de los actos de obstrucción, y se hizo una relación detallada de los parlamentarios o congresistas que intervinieron indebidamente en esos inmuebles. Ha continuado la investigación y se ha determinado que, en efecto, sustrajeron documentación del alcance de la Fiscalía y la Policía en esos allanamientos”, explicó Pérez sobre la medida.

Señaló, en esa línea, que el Ministerio Público maneja dos hipótesis sobre dónde se encuentra la información sustraída. Una opción es que se encuentre oculta en los domicilios que están allanando este martes y la otra es que haya sido incinerada. "Está debidamente acreditado que [la información] fue sustraída. Tenemos una línea de investigación de que podría estar oculta [en estos inmuebles], pero también hay otra línea de hipótesis que habría sido incinerada luego que fuese sustraída del alcance de los fiscales", afirmó.

(Foto de cabecera: Andina)

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