Ola Bini es un programador y activista de Internet de origen sueco. Desde el 2013, este defensor de los derechos digitales radica en Ecuador. En abril pasado, cuando Ecuador retiró el asilo diplomático a Julian Assange, la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, acusó a Bini de estar "colaborando con los intentos de desestabilización contra el Gobierno".
Sin ninguna orden judicial y sin evidencia de que se haya cometido algún delito en flagrancia, Bini fue detenido la tarde del 11 de abril en Quito.
Según denuncia la organización Amnistía Internacional (AI), durante el periodo inicial de su detención, Bini no fue informado de sus derechos ni sobre los motivos de su detención en su idioma natal.
"Se encontró incomunicado, no tuvo acceso a un abogado y no se notificó a la Embajada de Suecia sobre su detención", resaltó AI.
El 16 de abril, durante un evento público en Estados Unidos (EEUU), el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó a Bini de haber sido “sorprendido haciendo hackeo de cuentas de Gobierno, de cuentas personales y teléfonos”.
Luego de la arbitraria detención de Bini, el 20 de junio, 70 días después, un tribunal ordenó su liberación tras reconocer que su detención fue ilegal.
Al respecto, Amnistía calificó como "interferencia indebida de autoridades" las declaraciones del presidente y la ministra. Afirmó que se ha violado la independencia de la investigación, el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Por ello, Amnistía señaló que se han cometido violaciones de derechos humanos en este caso. Ante ello, anunció, este lunes, que continuará vigilando el proceso penal que se sigue contra Bini.
“El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
"El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente", agregó la organización.
[Foto de portada: EFE/ José Jácome]
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