En la provincia de Islay, el paro contra Tía María es total luego de que este martes se uniera a la protesta el distrito de Mollendo. Los ciudadanos del Valle de Tambo están indignados por la forma en la que el Gobierno otorgó licencia a Southern Copper para que construya la mina: sin diálogo previo y sin tomar en cuenta la posición de autoridades y dirigentes locales. Sin embargo, según lo que dice el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, no habría de qué preocuparse porque dicha licencia "no tiene efecto real".
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¿Papelito no manda? Molina pidió diferenciar entre el procedimiento administrativo por el que el Estado peruano le otorga licencia a una minera transnacional y el proceso de diálogo con la población local. "Nada ha terminado, se ha dado una licencia, la misma disposición al diálogo para establecer objetivos compartidos de desarrollo que había antes siguen vigentes después", dijo en entrevista a Canal N el último lunes. Cuando el periodista René Gastelumendi recordó las malas gestiones del Estado para atender los conflictos sociales, el viceministro respondió:
Por favor, no nos pueden achacar las responsabilidades acumuladas históricamente de un montón de territorios del Perú que necesitan intervenciones. No me estoy librando de la responsabilidad, pero ahora estamos intentando de hacer las cosas distintas.
¿Qué han hecho de distinto acá?
¿En Islay?
Sí.
Vam… estamos… insistiendo en la necesidad y en la disposición del diálogo, antes de la licencia y después de la licencia, y somos conscientes de que en algo todos estamos de acuerdo y es que en este momento no existen condiciones para avanzar en la implementación del proyecto Tía María.
Antes de otorgar la licencia se ha hecho un acuerdo con Southern de que la empresa no va a proceder a ser ningún acto de construcción hasta que no consigamos consenso social. Lo que yo les digo a los ciudadanos de Islay es que la licencia no tiene ningún efecto real en términos de construcción del proyecto.
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Molina afirmó que si el Estado no le otorgaba la licencia a Southern, este caso podría ir a un juicio internacional "que nos iba a costar a todos los peruanos".
Eso lo entendemos aquí, pero el poblador ¿de quién desconfía?
Del Estado y de la empresa.
¿Y el Estado qué hace?
Construir confianza.
No, pero eso parece un comercial. El Estado lo que hizo fue darle licencia de construcción a la empresa. Los dos sobre los que está construida la desconfianza histórica se ponen de acuerdo y él [la población] se entera después.
Tienes que pensar que las autoridades que tenemos ahora recién han asumido en enero. Desde febrero y marzo hemos coordinado con ellos. Todo el tiempo nos repetían que no había condiciones para el proyecto, nosotros les explicábamos que teníamos un límite que no debíamos sobrepasar porque sino como país nos iba a costar.
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Sobre la condición impuesta por las autoridades y dirigentes del Valle de Tambo de anular la licencia de construcción para luego dialogar, Molina respondió que esto es algo que "no tiene sentido, porque la licencia es una cuestión de ley, la condición es innecesaria [...] Los procesos de diálogo territorial para la construcción de consenso no pueden tener una espada de Damocles de duración".
Hoy día hay una licencia sin ningún efecto real, porque el Gobierno ha decidido decirle a la empresa que no puede tener ningún efecto real porque hoy todos estamos de acuerdo en que no existen las condiciones para sacar adelante el proyecto. Ahora no nos ocupemos de la licencia, ocupémonos de discutir. Ya dimos la licencia pero no va a tener efecto real.
El viceministro afirmó que el proyecto solo se iniciará "cuando la población haya construido confianza en que no se va a afectar su vida". "Hemos cumplido un procedimiento administrativo", insistió.
Señaló que cuando sea necesario irá el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, e incluso más ministros "que tengan que ir". "El diálogo es un arte donde hay que tener la paciencia de construir los acercamientos necesarios", agregó.
Tía María es un proyecto minero de cobre ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay (región Arequipa) por el que la población local se ha manifestado en al menos dos protestas históricas en el 2011 y 2015. Lamentablemente, siete ciudadanos murieron por este conflicto: seis víctimas de balazos disparados por la Policía y un agente estatal víctima de la violencia de algunos manifestantes. Originalmente, Southern Copper planeaba iniciar operaciones en el 2011 luego de que obtuviera la aprobación de su primer estudio de impacto ambiental (EIA), que contemplaba usar agua del río Tambo para las actividades extractivas. Ante el rechazo ciudadano, esto fue modificado en el 2013 y se dijo que se iba a usar agua de mar, pero la oposición del Valle de Tambo se mantiene hasta el momento.
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El Viceministerio de Gobernanza es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre sus funciones figuran estimular las economías locales con las intervenciones del sector publico-privado, fortalecer la legitimidad del gobierno y la presencia del Estado en el territorio y disminuir la conflictividad con intervención temprana evitando la violencia.
[Foto de portada: Andina]
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