Cuando se realizó la primera gran protesta contra Tía María (2011) no existía lo que hoy conocemos como Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles). En esa ocasión, los ciudadanos de la provincia de Islay marcharon indignados al hacerse públicas las 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Southern Copper.
Lo que ocurrió es que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el primer estudio y, ante la oposición ciudadana, decidieron recurrir a un organismo internacional e imparcial. El resultado terminó dándole la razón a los agricultores del Valle de Tambo y Southern tuvo que mandar a hacer otro EIA. En esa época, el Minem era juez y parte: el encargado de promover las inversiones mineras y también el encargado de aprobar los proyectos.
Luego del conflicto por Conga (2011), el gobierno de Ollanta Humala decidió crear al Senace (2012). Sin embargo, pasaron tres años para que este organismo público pueda trabajar en proyectos como estos. Por ello, cuando Southern presentó el segundo EIA de Tía María en el 2013, y cuando este fue aprobado en el 2014, la institución encargada de tomar esta decisión siguió siendo el Minem. Este factor es importante y ayuda a comprender la desconfianza de los agricultores del Valle de Tambo, que en marzo del 2015 volvió a protestar contra el proyecto, pero esa vez para evitar que se otorgue licencia de construcción. Finalmente, el Ejecutivo tuvo que poner "en pausa" al proyecto.
Fue recién el 28 de diciembre del 2015 que el Senace inició funciones en la revisión y aprobación de EIA de inversiones mineras. A diferencia del Minem, que es promotor y evaluador de los proyectos mineros al mismo tiempo, el Senace es un organismo especializado, con autonomía técnica y adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).
Las presiones de los empresarios, a través de la presidenta de la Confiep, María León; y el CEO de Southern Perú, Óscar González Rocha, se entendían porque si el Ejecutivo no daba luz verde a Tía María antes del 31 de julio, la empresa habría tenido que elaborar un nuevo EIA, que hubiera sido revisado y aprobado ya no por Minem, sino por Senace.
Para la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú), el gobierno de Martín Vizcarra evitó que el EIA de Tía María sea evaluado por esta autoridad ambiental.
“Lo único que ha hecho el Gobierno, el señor Vizcarra, es evitar que el EIA se venza. El EIA se vencía en agosto por eso es que han sacado corriendo esta licencia sin diálogo, sin conversación, sin nada, para evitar que la empresa pase por Senace, que es por donde deberían pasar en general los proyectos, para una evaluación de fondo y no hacer, como hasta ahora, 20 años de historia de minería mal llevada en Perú. Y eso tiene que cambiar", dijo la parlamentaria a Canal N.
Esa demora de tres años en el inicio de funciones del Senace en proyectos mineros parece ahora conveniente para proyectos como Tía María. Para Glave, "tenemos arrastrada una institucionalidad vinculada a la minería que no quiere terminar de cambiar". Recordó que la creación del Senace era para que el ente que promovía las inversiones no sea el mismo que evalúe.
"Esto que debería haber cambiado inmediatamente ha ido demorando en salir y aún siguen procesos agónicos como este que siguen sobreviviendo a etapas pasadas, alrededor de empresas que no quieren cambiar de procedimientos. ¿Tía María es importante para quién? Ahora es importante para Southern y por eso no se quiso esperar un plazo para que pudieran seguir un procedimiento nuevo con la población en base a un diálogo, sino que se quiso sacar como sea".
Otra demora del Ejecutivo es señalada por la congresista Glave: en noviembre pasado se levantaron las observaciones al EIA de Tía María y en todo este tiempo (5 meses) no dialogó con los ciudadanos de Islay que se oponen al proyecto. "No han tenido la capacidad de generar ningún espacio real de diálogo con la gente”.
"Hoy el Gobierno dice que quiere diálogo, esa mesa de diálogo llamada por el ministro, lo único que tiene es cómo son las condiciones para que sí o sí salga el proyecto. Tenemos a un valle fértil, activo, con un conjunto de agricultores que dicen que si esa es la premisa del diálogo, le cuenten por qué hay que dialogar, qe también le permitan plantear las cosas, decir que hoy, como están las cosas, no les interesa que salga el proyecto”, dijo.
Para Glave, no podemos seguir teniendo un Estado débil que no tome decisiones claras y que no sea visto por la ciudadanía como un ente neutral, especialmente en casos de proyectos mineros.
Debemos preguntarnos, si la oposición a Tía María es conocida desde hace al menos nueve años y el Minem y Southern tenían la posibilidad de realizar un nuevo EIA que iba a ser evaluado por una autoridad ambiental técnica y neutral, ¿por qué no aprovecharon esto como una oportunidad para conseguir legitimidad? Ahora deben afrontar una situación más complicada: una provincia en paro indefinido y con apoyo solidario de otras regiones como Cusco, Moquegua y Puno.
[Foto de portada: The Nation]
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