Este lunes se inicia el paro provincial indefinido en Islay (Arequipa). El motivo de la protesta es el rechazo del Valle de Tambo al proyecto minero Tía María. La convocatoria se realizó luego de que la empresa Southern Copper anunciara que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le otorgó licencia para construir la mina. Pero, como recuerda el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, este es un escenario que se pudo prevenir.
"Lo que hay que tener claro es que no es un conflicto nuevo, es un conflicto que ya tiene su historia, con hechos en el 2011 y 2015, que tiene 319 personas heridas y 7 muertos, es un conflicto complejo porque es de rechazo a la minería", dijo Gutiérrez en entrevista a Canal N.
Las protestas a las que hace referencia Gutiérrez provocaron la pérdida de vidas humanas debido al uso excesivo de la fuerza policial. En el 2011, los agricultores de Islay marcharon luego de que se hicieron públicas las 138 observaciones de las Naciones Unidas al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. En esa manifestación, tres ciudadanos fallecieron: Andrés Taipe Choquepuma (22), Aurelio Huarcapuma Clemente (50) y Néstor Cerezo Patano (31).
En el 2015, luego de que el Ejecutivo aprobara un nuevo EIA de Tía María, los ciudadanos de Arequipa volvieron a protestar para evitar que se otorgue la licencia de construcción. Durante enfrentamiento entre civiles y policías, murieron: el agricultor Victoriano Huayna Nina (61), el obrero Jenry Checya Chura (35), el comerciante Ramón Colque Vilca (54) y el policía Alberto Vázquez Durand (51).
Considerando estos antecedentes, llama la atención que el Ejecutivo y la empresa no hayan hecho algo antes de dar luz verde a la construcción de la mina. Gutiérrez señala que desde la última protesta hasta este 2019, tuvieron tiempo "para revertir los indicadores sociales que son lamentables en la zona".
"No han hecho su trabajo el Estado por supuesto, no ha hecho su trabajo la empresa, ni los líderes políticos porque cuando hay debilidad política los conflictos se canalizan fuera de la esfera política, cuando usted no tiene interlocutores que atiendan las demandas, estos ganan la calle", dice el Defensor.
Esta falta de prevención genera costos sociales, económicos e institucionales. Gutiérrez recordó que en la anterior protesta contra Tía María las clases escolares estuvieron suspendidas durante dos meses. Ahora, también la UGEL de Islay se ha unido a la protesta. "Ahora vamos a sacar un informe del costo de los conflictos, todo lo que estamos perdiendo", anunció el Defensor.
El pasado 9 de julio, Southern anunció que el Minem le había dado licencia de construcción. Luego, representantes del Ejecutivo dijeron que iban a buscar el diálogo en Islay. Es decir, primero aprobaron la ejecución de un proyecto extractivo y luego piensan en conversar con los ciudadanos de la zona. Para Gutiérrez, lo que ha estado mal es no haber atendido el conflicto desde un inicio.
"Es una realidad que no se conoce hoy, es algo que se conoce hace años. Hay toda una agenda, no solo en este proyecto, sino en diversos casos, que solo es atendida cuando explotan o peor aún cuando ya hay víctimas. Esto es lo que debemos evitar, el Estado debe actuar con ese objetivo, con esa mirada. Eso es lo que no está pasando", señaló.
Sobre este proyecto, las posiciones de las autoridades de Arequipa con las del gobierno central se han enfrentado. El presidente Martín Vizcarra; el Jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar; y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, decidieron apostar por Tía María sin antes escuchar a los ciudadanos. Por su parte, alcaldes de la provincia de Islay y el gobernador regional de Arequipa, Elmer Llica, se han manifestado en contra del proyecto minero. Al respecto, el Defensor del Pueblo señaló:
"Las autoridades tienen la obligación de promover el diálogo. Una autoridad no puede ser promotora de intereses de una minera, pero tampoco puede ser una persona que azuce la violencia, porque sino marcará su gestión. Hay que evitar que este Gobierno esté marcado por este conflicto".
El Ejecutivo y Southern han prometido que no construirán la mina hasta que se tenga la "licencia social". Pero ¿cómo se obtiene eso? Para el Defensor, son las propias empresas las que deben obtenerla a través de sus conductas, su reputación y su qué hacer. "Los temas empresariales sociales se tienen que gestionar, se pueden realizar", dijo.
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A pesar de esta reactivación del conflicto Tía María, este Gobierno tiene una "pequeña pero aún clara posibilidad de poder manejar bien los conflictos", dijo Gutiérrez. "Los anteriores no han seguido las recomendaciones realizadas por la Defensoría", lamentó. El problema es que no tenemos un sistema ni políticas públicas con enfoque de prevención de conflicto, tenemos una gestión que se basa solo en la coyuntura, agregó.
[Foto de portada: Andina]
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