Este martes 4 de junio, el Pleno del Congreso ha sido convocado para debatir la cuestión del confianza que ha planteado el Ejecutivo, mecanismo a través del cual el Gobierno establece ciertas reglas y condiciones para que el Parlamento priorice cinco de los 12 proyectos de reforma política presentado inicialmente en abril.
Una de las medidas incluidas en este "núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas" es la que desencadenó la actual crisis política: la que faculte a otra institución del Estado, que no sea el Congreso, a que levante la inmunidad de los legisladores.
Plazos y condiciones
Precisamente, en el oficio que el jefe del gabinete, Salvador del Solar, remitió este jueves al titular del Congreso, Daniel Salaverry, se argumenta que la decisión de la Comisión de Constitución de archivar "aceleradamente" el proyectos de reforma sobre inmunidad parlamentaria, motivó la decisión del Gobierno de recurrir a la cuestión de confianza.
→ En el documento, el premier anuncia que propondrá que el plazo máximo para la aprobación de los cinco poro de ley del Ejecutivo "venza al finalizar la presente legislatura", o sea, el 15 de junio próximo.
→ Sobre reformas constitucionales que requieren aprobación en dos legislaturas, el oficio plantea dejarlas encaminadas con primera votación en esta legislatura.
→ Si el Congreso no cumple ese plazo, subraya Del Solar, "valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada", al margen de lo que suceda este martes, cuando se vote la cuestión de confianza.
→ Otro factor relevante en el oficio, que el Gobierno plantea como condición, es preservar la esencia de las cinco iniciativas de reforma política, para evitar que el fujimorismo las modifique según sus intereses, como pasó en setiembre del año pasado, cuando el presidente Vizcarra planteó la confianza por el referéndum y al final el Congreso aprobó las reformas del sistema de justicia, pero con cambios sustanciales que motivaron al Ejecutivo no apoyar, por ejemplo, el retorno de la bicameralidad.
Los escenarios posibles
"Veo difícil la posibilidad de que (el Congreso) niegue la confianza y que no se aprueben los proyectos de la reforma política", dijo en RPP al respecto Salaverry, luego de que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, precisara que si el gabinete de Del Solar no obtiene el voto de confianza, se abre la puerta a la disolución del Congreso, porque sería la segunda vez que pasa en el actual quinquenio.
Del Solar sostuvo que los proyectos de reforma no tienen que aprobarse de forma "literal", al alegar que el Ejecutivo no busca imponerlos sino que las iniciativas sean deliberadas en el Congreso, pero sí demandó que no sean desnaturalizados.
Sobre este punto, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma dijo en La República que el Ejecutivo debe ser más precisó para definir cuáles son los puntos "inalterables" de sus propuestas.
Y en caso el fujmorismo y sus aliados insistan en alterar los proyectos de reforma política a su parecer, como pasó con la reforma de justicia, el presidente Vizcarra quedaría facultado para cerrar el Legislativo, sostuvo el director de Proética, Walter Albán. "Al otorgar la confianza al gabinete ministerial hay un compromiso de los congresistas de no distorsionar las leyes formuladas por el Ejecutivo", explicó.
En caso los tiempos planteados por el Ejecutivo para aprobar las reformas queden cortos, el presidente Martín Vizcarra puede convocar a una sesión extraordinaria del Pleno, como lo hizo en julio del año pasado para destituir a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura; o el mismo titular del Daniel Salaverry, podría ampliar la legislatura hasta el 15 de julio. Si ninguna reforma está aprobada antes de agosto, incluso se podría ir otra a referéndum, señaló el constitucionalista César Landa.
El otro escenario posible se daría si la representación nacional niega la confianza al Gabinete Del Solar, lo cual abre la posibilidad de que Vizcarra puede disolver el Congreso vía un decreto supremo y convocar a elecciones parlamentarias, en un plazo máximo de cuatro meses y solo para lo que resta del actual quinquenio (que acaba en 2021).
Mientras se elige a un nuevo Congreso, que estaría en funciones solo año y medio, la Comisión Permanente funcionaria como órgano legislativo, pero sin legislar, ya que esa función, explicaron los expertos, la asumiría el Ejecutivo, que a través de decretos de urgencia pueda aprobar leyes que no sean de reforma constitucional hasta la instalación del Parlamento electo.
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