El decisión sobre el recuso de apelación de la exalcaldesa Susana Villarán contra la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por recibir dinero de Odebrecht y OAS para sus campañas quedó al voto, en el marco del proceso que afronta por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
Así lo anunció la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tras escuchar los argumentos de las partes.
En la diligencia, el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, sostuvo que la exalcaldesa de Lima y su ex gerente municipal, José Miguel Castro, deben continuar bajo prisión preventiva porque hay nuevos elementos de convicción que permiten sospechar no solo que Villarán mintió, sino que existió una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima.
"Estamos ante un gravísimo caso de lavado de activos, corrupción de funcionarios, donde la investigada Susana Villarán ha tenido un comportamiento errático, mendaz [mentiroso] y de ninguna forma proclive a la colaboración con el sistema de administración de justicia".
En la diligencia, Vela señaló que sospechan que hay US$2 millones de la campaña contra la revocatoria de Villarán que fueron aportados por otras empresas que tenían contrataciones con la Municipalidad de Lima, que están rastreando, además de los elementos de convicción que tienen sobre los US$ 3 millones que se solicitó a Odebrecht y los otros US$ 3 millones a OAS.
"Entonces hay US$6 millones que están siendo objeto de investigación y cuyo testimonios y prueba documental se ha ido incorporando a la investigación, pero todavía quedan US$2 millones, que muy probablemente han sido aportados por otras empresas, en la búsqueda siempre de la sostenibilidad de sus contrataciones públicas".
A su turno, Susana Villarán alegó en la audiencia que no representa "ningún peligro" para el proceso, ni de fuga ni de obstaculización a la justicia. "Tengo unos 120 procesos desde el año 2013 y las tres cuartas partes fueron archivados. He ido a todas las diligencias, salvo a cuatro", refirió.
"Si un Poder Judicial, libre y autónomo, en una sentencia me priva del derecho de la libertad, lo aceptaré. Mi trayectoria profesional como servidora pública ha sido transparente".
Iván Paredes, el abogado de la exalcaldesa, cuestionó la presentación de nuevos elementos a la investigación como los audios de Gabriel Prado y que no se haya valorado la conducta de su defendida de no haber buscado huir de la justicia.
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