En el expediente que el fiscal Carlos Puma presentó ante el Poder Judicial, en el que solicita que se varía la comparecencia restringida por 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán y su ex gerente José Miguel Castro, se señala que Odebrecht y OAS dieron US$10 millones en total para las campañas políticas de la exalcaldesa, tanto para evitar su revocación como para su fallida reelección.
"En el 2013, la asociación ilícita creada por la entonces alcaldesa Susana Villarán y su gerente municipal José Miguel Castro efectuaron unas serie de acciones con la intención de perpetuarse en el poder", se lee en el citado requerimiento, a que tuvo acceso El Comercio.
Según el fiscal Puma, primero se pidió dinero a Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocación a cambio de beneficios para dichas empresas. La solicitud se efectuó "entre fines del 2012 e inicios del 2013", a través de José Miguel Castro.
En el expediente fiscal se precisa que a cada constructor se le pidió US$3 millones, requerimientos que se verifican con declaraciones de testigos y colaboradores de ambas empresas, y con registros de llamadas telefónicas. El dinero es de fuente ilícita, subraya el documento, porque procede de la "Caja 2" de Odebrecht y de la "Controladoría" de OAS.
"La campaña por el No de Villarán habría sido financiada principalmente por dos grandes fuentes", dice el fiscal, en referencia a Odebrecht y OAS, y que el dinero se utilizó para pagar la publicidad y el marketing político, que estuvo a cargo de la firma FX Comunicaciones, de Valdemir Garreta, quien a su vez contrató a Epoke Consultoría, de Luis Favre.
Hasta ahora, lo que se sabía era que Odebrecht entregó US$3 millones para la campaña contra la revocación de Villarán, que el exjefe de la firma brasileña en el Perú Jorge Barata ratificó en su testimonio a la fiscalía peruana. A Garreta se le entregaron US$2 millones para la publicidad de la campaña por el No y otro US$1 millón directamente a José Miguel Castro. Barata incluso dijo que Villarán lo llamó luego del aporte para agradecerle.
Garreta además declaró a la fiscalía que OAS le había entregado US$1 millón para la campaña del No. Ahora, en el documento presentado por el fiscal Puma además dice, sobre los US$3 millones, que "la caja 2 [la 'Controladoría' de OAS] entregó US$1'000.000 a una persona de nombre Luis Gómez Cornejo".
La fiscalía vincula el aporte de Odebrecht con la firma del contrato de concesión de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el consorcio Rutas de Lima S.A.C. –del que Odebrecht era parte–por ese proyecto, en enero del 2013.
En el caso de OAS, el dinero para la campaña del No para la fiscalía se relaciona con la adenda N°1 del proyecto Línea Amarilla, que se firmó el 13 de febrero del 2013, un mes antes del proceso de revocación y que autorizó la ampliación de la concesión de peajes de 30 a 40 años.
La fallida reelección
El fiscal Carlos Puma también señala en su pedido de prisión preventiva que para la campaña municipal del 2014, en la que Susana Villarán buscaría la reelección, pese a que en el proceso de revocación anunció que no iba a presentarse, OAS le entregó US$4 millones en respuesta a un pedido de José Miguel Castro, en base a la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía.
El testigo en mención dijo que el exgerente solcitó a Léo Pinheiro, expresidente de OAS, "dinero para la campaña a la reelección de Susana Villarán por US$4'000.000, a lo que el segundo [Pinheiro] aceptó, siendo que Castro decía que 'por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar' [...] Castro señaló a César Meiggs [para quien también se ha pedido prisión preventiva] para la entrega del dinero".
Fuentes cercanas a la investigación fiscal que cita El Comercio, el pedido de dinero para el fallido intento de reeleción se dio en el marco de un nuevo favorecimiento a OAS en el contrato de concesión de la Línea Amarilla.
Así, fueron en total US$10 millones los que las empresas brasileñas entregaron para las dos campañas de la exalcaldesa de Lima: Odebrecht US$3 millones y US$7 millones OAS .
DATO
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El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, analizará el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán y José Miguel Castro, en una audiencia que se realizará este lunes 13 de mayo.
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