En paralelo al proceso de renegociación de los contratos de los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima que anunció este lunes el alcalde de Lima, Jorge Muñoz ─con el aval del Concejo Metropolitano─, la comuna capitalina tiene otros caminos para solucionar el tema de los peajes, que pasan por los procesos de arbitrajes internacionales que están en curso, tanto en EEUU como en Francia.
La concesión de ambos proyectos viales, que se firmaron en las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán, a consorcios integrados por OAS y Odebrecht, ahora están en manos de la francesa Vinci (Línea Amarilla) y la canadiense Brookfield (Rutas de Lima). Ambas empresas brasileñas, implicadas en actos de corrupción, vendieron sus acciones cuando ya había estallado la trama Lava Jato, durante la gestión de Castañeda Lossio.
El alcalde Muñoz confirmó este martes que si no llegan a un acuerdo justo con las concesionarias de peajes, se buscará la nulidad de los contratos:
"En el caso de Rutas de Lima nosotros hemos contrademandado en el arbitraje internacional, justamente planteando la nulidad. Eso será parte de lo que se tendrá que discutir y decirles 'señores, este es un argumento muy sólido el que nosotros tenemos y piensen en que si no recomponemos las cosas y no llegamos a una solución satisfactoria para la ciudad, esa nulidad va a caer en algún momento de todas maneras'".
Estos contratos, bajo sospecha de corrupción, enfrentan procesos de arbitraje en tribunales internacionales, iniciados por las concesionarias. En el caso de Rutas de Lima, la procuradora de la Municipalidad de Lima, Mariela Gonzales, confirmó que ya se prestó una contrademanda ante la corte de Washington en donde se ventila, para solicitar la nulidad del contrato de concesión, informó Gestión este martes.
En mayo del 2018, Rutas de Lima llevó este caso a arbitraje por la suspensión del peaje Chillón y el 4 de enero pasado presentó ante el tribunal estadounidense su memorial de demanda. La procuraduría del municipio replicó con una demanda de reconvención en la que no solo pide la nulidad del acta del acuerdo firmado el 30 de junio del 2016, que aprueba implementar el citado cobro en Puente Piedra, sino que se revoque todo el contrato de concesión.
La abogada de la comuna explicó que para firmar el contrato no se pidió la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como se exige en la ley peruana y lo advirtió un informe de la Contraloría sobre este tema.
La misma demanda plantearía la procuraduría edil para el caso del contrato de la Línea Amarilla, en el proceso arbitral que se desarrolla en en tribunal de París, pero el problema principal pasa por los costos que el municipio tienen que asumir. De todas formas, dijo la abogada Gonzales, se está revisando toda la información y documentación para sustentar el eventual pedido. "También en el caso de Línea Amarilla no pasó por la opinión del MEF como se sustentó en los informes de Contraloría", anotó la procuradora.
Gonzales también explicó que la investigación por corrupción a la exalcaldesa Susana Villarán y a sus funcionarios más cercanos por recibir dinero de OAS y Odebrecht para sus campañas políticas, no son suficientes para lograr que se anulen los peajes. "Tengo que sustentar ante los tribunales arbitrales una sentencia consentida y ejecutoriada", comentó.
Por lo pronto, precisó la abogada edil, su despacho ya informó a los tribunales de Washington y París que, por el tema de los peajes, hay un primer fallo condenatorio contra el ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde, con el objetivo de que estén al tanto de los procesos judiciales vinculados a esos contratos y que refuerzan la posición del municipio.
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