Este lunes, tras verificarse el quórum correspondiente, se inició la sesión del Concejo Metropolitano de Lima, en la que el procurador edil Mariano Castañeda explicó las razones por las cuales la sesión debería ser reservada. El tema a tratar es de los peajes concesionados a Rutas de Lima y Línea Amarilla.
"Es pertinente tener la prudencia de evitar que salgan de esta sala algunos elementos que puedan ir en contra de los intereses de esta municipalidad", dijo el abogado de la comuna capitalina.
Agregó que en esta sesión se hablarían de estrategias o de acuerdos que, al ser públicos, podrían generar alguna medida cautelar en contra el municipio.
El miércoles pasado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, adelantó que convocaría a la sesión de concejo para evaluar el tema, porque no permitiría peajes "manchados por la corrupción".
"Estoy convocando a una sesión extraordinaria, personalmente tengo que decir que no quiero ningún peaje manchado por la corrupción. En esta reunión (...) haremos la debida evaluación y la toma de decisiones del caso".
En el 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Sin embargo, durante la gestión de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió de 30 a 40 años el periodo de concesión.
En el 2012, con Villarán como alcaldesa, la MML firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un peaje en Chillón, el mismo que luego fue anulado debido a las protestas de la población.
Villarán admitió recientemente que siempre supo que Odebrecht y OAS financiaron sus campañas, tantos contra la revocatoria y como la de su fallida reelección, pero negó que a cambio haya favorecido a ambas empresas brasileñas, pero la fiscalía sostiene lo contrario.
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