Cálculo de parte. Leoni Roca, la presidenta de la AFIN, la asociación gremial que agrupa a las principales empresas concesionarias de infraestructura pública en el Perú, se pronunció sobre el anuncio del actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para buscar la nulidad de los contratos de peajes y concesiones de los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla, que se otorgaron a las brasileñas Odebrecht y OAS en la gestión de Susana Villarán, hoy en prisión preventiva por haber recibido aportes ilegales para sus campañas de estas dos empresas.
Romper de forma unilateral los contratos de ambos proyectos le podría costar a la ciudad capital unos S/ 10.000 millones, según dijo la representante gremial en una entrevista que publica Gestión este viernes. Roca precisó que existe una inversión comprometida de S/ 5.000 millones invertidos hasta la fecha en Rutas de Lima y Lamsac, de los cuales S/ 2,800 millones están bajo el régimen de financiamiento garantizado.
"Esto significa que al día siguiente de una decisión abrupta [...], la municipalidad tiene que asumir una deuda de S/ 2,800 millones sin discusión, porque es un fiador solidario en primera línea", refirió, en alusión a la sesión del concejo metropolitano del miércoles, en la que algunos regidores querían declarar la caducidad inmediata de los contratos suscritos.
A ese monto de inversión que la municipalidad debe asumir en principio, se suman otros S/ 5.000 millones del arbitraje en el Ciadi, según la titular de AFIN, aún si la comuna limeña alega una causa de interés público para anular los contratos.
"El interés público no es que solo te quite tu contrato, sino que tienen que indemnizar y otorgar el lucro cesante y eso. Puede haber un arbitraje para discutir los montos de las indemnizaciones, hasta para discutir el acto en sí, es decir, si realmente es de interés público o no. En las cortes internacionales el interés público tiene un desarrollo jurisprudencial mucho más potente".
Otro punto que puede jugar en contra de los intereses de Lima es que Odebrecht y OAS ya no administran ninguno de los dos proyectos en cuestión, debido a que lograron vender su participación durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio, pese a que ya había estallado la corrupción del caso Lava Jato. Este es uno de los temas por los que es investigado el citado exburgomaestre.
Roca mencionó que los contratos bajo revisión edil tampoco tienen una cláusula anticorrupción, es decir, si la justicia estableciera en el futuro que hubo actos de corrupción en la entrega de estas concesiones, como sostiene la fiscalía, tampoco sería un alegato definitivo a favor de Lima.
"Si llegáramos a un momento en el cual se estableció el vínculo de causalidad y se empiece a discutir la nulidad de origen de un contrato, debemos tener en consideración la compra de buena fe", alegó la representante de las empresas concesionarias en el Perú.
"Lo que tenemos hoy día es un pronunciamiento prematuro, fuera de contexto y fuera del marco legal contractual. Eso es lo que hay, independientemente del riesgo al que ponen a estas dos concesiones, es una pésima señal para cualquier inversionista".
Sobre las quejas de la ciudadanía respecto al número de peajes en la ciudad y no que no hayan la opción de otras vías donde no se pague peaje, Leoni Roca sostuvo que esa responsabilidad de los gobiernos locales. "Lo cierto es que todo el mundo le sopla la pluma al concesionario, entonces ese arreglo tampoco es bueno y hay una responsabilidad que no está en la empresa privada sino en el Estado, y hay que exigirle lo que tiene que hacer", apuntó.
La presidenta de AFIN también negó que el número de peajes y el costo que tienen sean excesivos, porque todo es parte de un contrato de concesión. "Si el Estado te pide que inviertas S/ 1.000 millones, te dice en el contrato cómo vas a hacer para recuperarlos con estaciones de peaje y dónde. Esto es un combo. No es que un día el concesionario se para y dice: 'voy a poner un peaje más aquí para ganar más dinero'", remarcó. Sobre las tarifas, sostuvo que, en promedio, Perú está por debajo de países como Chile o Colombia en la región. Es costo depende del monto de lo que se invierta, anotó.
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