El integrante del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Carlos Puma, sustentó en su pedido de prisión preventiva la tesis de que, con el objetivo de continuar al mando de la Municipalidad de Lima, la exalcaldesa Susana Villarán fue "la cabeza y líder" de una organización presuntamente "criminal" que recibió dinero de Odebrecht y OAS para las campañas de No a la revocatoria de 2013 y la reelección de 2014. 

Según el fiscal, las dos campañas electorales mencionadas fueron financiadas por las empresas brasileñas a cambio de beneficios de su gestión municipal, como el contrato de concesión suscrito con Rutas de Lima S.A.C, en el que Odebrecht era accionista, en 2013 y la firma de la primera adenda del proyecto Línea Amarilla (de OAS) que permitió la ampliación de la concesión de peajes a 40 años.

El dinero para financiar las campañas contra la revocatoria y la reelección habría sido recibido y administrado a través de personal de confianza de la exalcaldesa.  En esa línea, la fiscalía presentó una estructura, en la que José Miguel Castro, el  exgerente edil durante la gestión de Villarán, fue el encargado de solicitar apoyos económicos a Odebrecht y OAS.

Siguiendo el orden jerárquico de la presunta organización, tras Villarán y Castro, vienen siete exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Uno de ellos es el exgerente de Promoción de la Inversión Privada, Domingo Arzubialde Elorrieta, quien era el encargado de concretar las adendas y contratos con las empresas brasileñas sobre Vías Nuevas de Lima y Ruta Amarilla. 

También se encuentra en este cuadro de la fiscalía el exgerente de Seguridad Ciudadana Gabriel Prado Ramos, quien figura como beneficiario de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que se depositó dinero ilícito. Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

La lista de funcionarios implicados la cierran Marco Hugo del Mastro Vecchione, fundador de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, organización que recibió aportes para la campaña del No a la revocatoria, el exregidor edil Marco Antonio Zevallos Bueno, quien habría remitido información falsa al JNE para ocultar los aportes, Daniela Maguiña Ugarte, exgerente de Defensa del Ciudadano, Cecilia Lévano de Rossi, exjefe de Coordinación, y Guillermo Loli Ramírez, excoordinador de Proyectos Especiales.

El último jueves, el fiscal Carlos Puma pidió al Poder Judicial que varíe el impedimento de salida del país por 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa Susana Villarán y José Miguel Castro, requerimiento que será evaluado este lunes por el Poder Judicial. "Susana Villarán disponía la realización de determinadas actividades en el marco de su gestión como alcaldesa, y de las campañas por el No a la Revocatoria y Reelección", se lee en el pedido del Equipo Especial Lava Jato.

En el documento, al que tuvo acceso La República, el fiscal Puma le imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Para cometer las actividades ilícitas, señala Puma, Villarán no solo hizo uso de su cargo como alcaldesa para designar en puestos estratégicos a funcionarios en el municipio, sino que al mismo tiempo involucró a dirigentes de Fuerza Social y Diálogo Vecinal "para efectivizar sus actividades ilícitas tendientes a camuflar dinero maculado de Odebrecht y OAS".

(Foto de cabecera: La República)

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