La Audiencia Nacional de España accedió este lunes al pedido del Estado peruano para extraditar al exjuez César Hinostroza, acusado de liderar una red de favores de la que participaban políticos y empresarios, pero solo por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal pero no por el de organización criminal, ya que el tribunal español dijo que no estaban debidamente acreditadas las condiciones para aprobar su repatriación por ese cargo.

La resolución del tribunal recoge los hechos en los que se basa la reclamación peruana y que señalan que al exmagistrado “se le imputa ser el líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personas y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo”. 

En ese sentido, la Sala indica que tras el estudio de los hechos relacionados con la organización criminal, los elementos identificadores de tal organización indicados en la demanda de extradición “no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados, lógica habida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente pueden ser el origen del prevalimiento en el tráfico de influencias, pero nada más”. 

En la resolución judicial se describe a Hinostroza como líder de la organización, denominada 'Los Cuellos Blancos del Puerto', y a los exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, como los que cumplían la función de nombrar y ratificar magistrados. Sin embargo, resalta que finalmente estos últimos no fueron imputados por este delito, pues el Congreso de la República solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al exvocal supremo. 

Inicialmente, el fujimorismo y el Apra incluso habían excluido a Hinostroza de este delito, pero ante el escándalo e indignación que generó el blindaje, rectificaron su decisión en el Pleno, pero la mantuvieron en el caso de los exconsejeros. Hoy se ven las consecuencias.

Así, debido al archivamiento del cargo de crimen organizado que dispuso el Poder Legislativo a favor de los consejeros del CNM, la justicia de España concluye lo siguiente: “Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”. Asimismo, la sala resalta que la mayor parte de los indicios en los que se basan los hechos de la imputación de la organización criminal se basan en conversaciones entre el reclamado y aquellos a los cuales el Parlamento ha archivado las actuaciones por ese delito. 

Para el tribunal español, este escenario “produce una suerte de contradicción que impide que podamos considerar que los hechos a los que se refiere la imputación del delito de organización criminal puedan superar un mínimo de tipicidad en nuestro tipo penal”. 

El abogado del Perú en España en el caso Hinostroza, Arturo Ventura, afirmó que el Estado peruano podría apelar la decisión de la Audiencia Nacional de no incluir el delito de organización criminal en su resolución a favor de la extradición del exjuez supremo. Según comentó, en las próximas horas revisarán a detalle la resolución del tribunal español para decidir lo que harán al respecto.

“El Estado peruano a través de nosotros [los abogados] puede recurrir a súplica esa decisión para tratar que sea revocada. Lo que ocurre es que todavía no hemos tomado una decisión en el sentido en que no hemos analizado los argumentos de la sala”, afirmó en diálogo telefónico con RPP desde Madrid.

Ventura explicó que la justicia española considera que los indicios facticos para considerar imputarle el delito de organización criminal no cumplen las mínimas expectativas como para otorgarle la extradición por dicho punto. “Es un problema de naturaleza fáctica”, apuntó. No obstante, indicó que el Estado peruano tiene la opción de ampliar la solicitud de extradición en el futuro cuando se descubran nuevos hechos o indicios. 

(Foto de cabecera: Andina)

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