Tras una reunión entre el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, y el contralor, Nelson Shack, se acordó suspender hasta que se aclaren las dudas el fallo del TC sobre la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República. Según explicó Blume, la entidad fiscalizadora del Estado presentará un pedido de aclaración “para disipar cualquier duda”.

“En tanto no se resuelva el pedido de aclaración, la sentencia, que ya está publicada, queda suspendida de sus efectos y, por lo tanto, el colegiado del Tribunal Constitucional va a estudiar como corresponde estos pedidos y los va a resolver”, manifestó el titular del máximo órgano intérprete de la Constitución.

El último miércoles Shack calificó la resolución del TC como un “serio retroceso” en la lucha contra la corrupción, porque imposibilita a su institución de aplicar sus facultades de sanción contra funcionarios que incurran en inconductas.

En respuesta a estos comentarios, Blume manifestó que la sentencia no afecta los casos que ya están terminados y los procesos en marcha. Sin embargo, indicó que el fallo “fija criterios y evita discusiones” sobre que cualquier notificación en un proceso tiene que ser expresa.

“Esta sentencia ratifica la lucha contra la corrupción, ratifica las competencias de la Contraloría, las competencias sancionadoras y que no haya ningún problema, la situación va a ser superada”, afirmó el presidente del TC. 

Previamente el Contralor General anunció que presentará un proyecto de ley para que la institución que representa continúe ejerciendo, en la práctica, la facultad de sancionar a aquellos funcionarios y servidores públicos que incurren en inconducta funcional, lo que incluye infracciones graves y muy graves.

Las precisiones 

La resolución del TC será aclarada respecto a los puntos que se refieren a la situación de los 15 mil funcionarios que se encuentran en pleno proceso sancionador y sobre las autoridades electas. “Uno de los temas que se va a aclarar es, efectivamente, cuál es la aplicación de esta sentencia sobre los casos de 15 mil funcionarios que están ahora comprendidos en el procedimiento administrativo sancionador, (…) se va a hacer un pedido de aclaración sobre la aplicación que debe tener esta sentencia sobre las autoridades electas por voto popular”, comentó Shack.

(Foto de cabecera: Andina)

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