El jefe del gabinete, Salvador del Solar, dijo el lunes que la justicia debe aplicarse con racionalidad y sin impunidad, en línea con la postura del presidente Martín Vizcarra, quien el domingo pidió a al fiscalía y el Poder Judicial que reflexionen sobre el uso de la prisión preventiva en el marco de los procesos de la trama Lava Jato, porque se trata de una medida excepcional, regulada por la ley, pero que se está aplicando “casi en la totalidad de los casos”.
“Si la solución tiene que ser legal, me parece que la herramienta legal existe y que el criterio judicial debe guiarse por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y hacer cumplir la ley con razonabilidad y sin ningún tipo de impunidad”, dijo Del Solar en RPP, al ratificar el respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Los cuestionamientos al uso de la prisión preventiva no son nuevos. Empezaron en el 2017, cuando se aplicó al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, pero en ese momento muchos de los que hoy critican la medida la aplaudieron. Fue el Tribunal Constitucional el que tuvo que enmendarle la plana a la fiscalía y el Poder Judicial.
Ahora, el tema ha vuelto al primer plano del debate, tras la resolución que ordena 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Sobre este caso, expertos coinciden en que es una medida desproporcional, más aún tratándose de una persona que tiene más de 80 años.
Por ejemplo, el exfiscal supremo Avelino Guillén considera que la resolución que ordena la medida contra PPK no fundamenta adecuadamente la necesidad de imponer la prisión preventiva. “¿Por qué estando en arresto domiciliario podría obstruir la indagación fiscal?”, se pregunta, consultado por El Comercio.
Guillén sostiene que en el caso de Kuczynski, por el solo hecho de que sea mayor a los 65 años de edad, le corresponde el arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva, porque así lo señala el Código Penal. Bastaría, dice el exfiscal, que se le impongan medidas complementarias, como la prohibición de comunicarse con sus coimputados y extrabajadores de Westfield Capital.
La posición del exfiscal coincide con la de la penalista Vanessa Valderde, quien cree que la medida no es proporcional, ya que sobre PPK pesa un impedimento de salida del país y sus cuentas están congeladas, y agrega que en este caso no se ha visto una obstrucción de la justicia, como en el proceso contra Keiko Fujimori, en el que se habría intentado que los testigos mientan a la fiscalía.
Por su lado, el jurista Rafael Chanjan cuestiona que la fiscalía diga que Kuczynski quiso obstaculizar la justicia al no entregar información, porque le asiste el derecho a no autoincriminarse, por lo que cree que el peligro procesal es debatible en este caso.
En lo que sí coinciden los expertos es en que la argumentación fiscal sobre los hechos ilícitos que se le imputan a Kuczynski es sólida. “Acá la investigación va siguiendo la pista del dinero. Eso va avanzando bien. La apariencia de legalidad de los pagos realizados por Odebrecht no le quita las sospechas”, sostiene Guillén.
A Kuczynski se le imputa haber creado, como ministro de Estado, un marco de normas para favorecer a Odebrecht la adjudicación de obras públicas, como la vía Interoceánica, que se otorgó a esta empresa durante el gobierno del que fue parte y por la que se pagó coimas. “Si uno lo hila a un esquema de trabajo conjunto para beneficiar a determinadas empresas, uno se da cuenta de que son actos que buscan generar corrupción”, dijo Chanjan.
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