El Ejecutivo presentó al Congreso esta semana un paquete de 12 proyectos de ley de reforma política y el jueves último, en un mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra exhortó al Parlamento celeridad en su debate y aprobación, al cuestionar la demora que hay en el caso de la reforma judicial, cuyos proyectos están encarpetados hace ocho meses en el Legislativo.
Pero dentro de las medidas remitidas por el Gobierno al Congreso no está la del retorno de la bicameralidad, que era considerada como la "madre de todas las reformas" por Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que formuló las propuestas en mención.
¿Porqué el Ejecutivo no incluyó esta reforma para restaurar el Senado en el 2021? Según contó Tuesta en entrevista con El Comercio, el Ejecutivo ha señalado que no toma ahora propuesta de la bicameralidad, porque ha habido un pronunciamiento de la ciudadanía a través del referéndum de diciembre pasado, en el que rechazó el regreso de este sistema, pero básicamente porque el Legislativo le hizo una serie de cambios al proyecto original que dejaba abierta la puerta para que los actuales legisladores puedan postular en el próximo proceso electoral.
"No quiere decir que en un momento más adecuado pueda debatirse. Por el lado del Congreso, entiendo que no está de ninguna manera descartado, entiendo que hay proyectos. Es paradójico y hasta irónico que todos quieran la bicameralidad, el gobierno, el Parlamento e instituciones, pero no se aprueba por una sencilla razón: sienten que esta es una vía para que los congresistas se reelijan o para una reproducción de lo que la ciudadanía considera las malas artes del Parlamento".
Así, Tuesta considera que el futuro de la bicameralidad tiene dos escenarios posibles ahora: uno que efectivamente se discuta para el 2026. "Si hemos esperado 25 años, por qué no esperar algo más", dijo, al precisar que el otro camino es que por la urgencia y la necesidad de tiempo, el Congreso modifique la ley que impide hacer cambios a las normas electorales un año antes del proceso para ganar una legislatura más.
"Nunca hemos estado tan cerca de la bicameralidad, es una oportunidad, pero también es cierto que se han cometido errores que han ocasionado que ahora, pese a que todos aceptan [el retorno del Senado], sea difícil llevarlo adelante".
Sea como fuere, sostiene Fernando Tuesta, que se aprueban los 12 proyectos que remitió el Ejecutivo al Congreso sería un gran avance. "Este paquete servirá mucho para mejorar la representación a partir del 2021", remarcó, al reiterar que el plazo perentorio para hacerlo es este año.
Tuesta destacó por ejemplo las reformas al sistema de partidos, que incluye cambios en la inscripción y cancelación de partidos; elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, así como el financiamiento. "Esas propuestas [deben aprobarse], porque tienen un impacto decisivo en general", comentó en el decano.
El politólogo también destacó la reforma para modificar el artículo 93 de la Constitución, con la cual los procesos penales contra congresistas sean de competencia exclusiva de la Corte Suprema; es decir, evitará que la inmunidad se auna escudo para la impunidad, como se ha visto, por ejemplo, en el caso Edwin Donayre.
"Si realmente queremos una reforma que mejore las instituciones, entre ellas el Parlamento, es una medida [que se debe aplicar]. Ayuda porque sustrae al Congreso de la acción de levantamiento de inmunidad, como ha ocurrido en algunos países como en Chile. Esta reforma no se ha hecho a espaldas ni en contra del Congreso. Nosotros abrigamos la esperanza de que esto también pueda ser aprobado".
Otra de las propuestas de reforma consiste en prohibir la participación en las elecciones de personas que tengan una sentencia en primera instancia, pese a que quienes resulten eventualmente alcanzados por la medida pueden alegar que se les vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Al respecto, Tuesta explicó que este fue un tema que la comisión de reforma discutió mucho y al final llegaron a la conclusión de que pesaba más el bien común que implica que se pueda preservar la representación política.
“Es cierto que hay una protección del lado de quienes están en proceso bajo el amparo de la presunción de inocencia, pero también es cierto que hay un bien común que es la representación política, que debe estar protegida de incursiones de personas que tienen [sentencias] y que no están procesadas por cualquier delito, sino por delitos dolosos. Muchos de estos casos terminan en sentencias definitivas. Es peor lo que está pasando ahora: postulan, ganan puestos y es difícil después que estos puedan comparecer ante la justicia porque tienen inmunidad”.
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