El conflicto minero por el proyecto Las Bambas no es un tema nuevo. En el 2015, tres comuneros perdieron la vida producto de la represión policial. En ese entonces, eran comuneros del distrito de Chalhuahuacho en la provincia de Cotabambas (Apurímac). Ahora, la protesta es de comuneros del fundo Yavi Yavi en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), que reclaman a la minera china MMG Limited el pago por la ampliación de la carretera (trocha) que usa para trasladar, a través de camiones, las toneladas de minerales que extraen.
La carretera de más de 12 kilómetros pasa por los terrenos de diversas comunidades campesinas entre las regiones Cusco y Apurímac. El problema es que a algunas, la empresa les ha pagado, y a otras no, señalan especialistas. En entrevista al programa 'No hay derecho' de Ideeleradio, Eduardo Ballón (Desco) señaló que en este escenario, el Estado peruano ha perdido legitimidad para ser interlocutor, por lo que la polarización continuará.
"En la base, está la precariedad e incapacidad que hemos tenido como Estado y como país para construir una institucionalidad que permita un relacionamiento virtuoso entre empresas, comunidades y Estado. En la práctica, lo que se impuso fue la ley de la selva y en la medida de que habían abundantes recursos para distribuir han habido diversas formas de negociación", dijo el sociólogo.
Una de las razones por las que el Estado peruano ha quedado deslegitimado como mediador en este conflicto es el beneficio que recibió la empresa china al declararse una vía que ella usaba de manera exclusiva para transportar sus minerales como "vía pública", para así tener base legal para desalojar a comuneros en caso protesten o rechazar sus reclamos en caso exijan indemnización.
"Hay una historia de una servidumbre que viene desde el 2012, la conversión de la vía en regional (2015) y de pronto en vía nacional, que no cumple las condiciones para serlo, empezando por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) llama "transitabilidad". Es una vía al servicio de una empresa que, como dijo el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando era ministro, la tenía que pagar la empresa porque es la que la usa, maltrata y deshace", señaló Ballón.
Por su parte, el analista político José Carlos Requena (50+1) recordó que antes de Las Bambas, esta zona no tenía ningún tipo de actividad minera, a diferencia de otros conflictos como Conga, en el que Cajamarca ya había estado expuesta a actividades extractivas. Lamentó también que este es un tema que el Gobierno ha dejado pasar y recién lo está atendiendo cuando el conflicto ha llegado a niveles que podrían llevarlo a la violencia.
"Estamos pateando el problema sin abordarlo de una vez. Eso es sumamente irresponsable. El mismo Martín Vizcarra estuvo en la zona. Y todo este tiempo que él ha estado en el Gobierno, solo se ha concentrado en hablar del tema anticorrupción. Esto es una bomba de tiempo", afirmó.
Además, Requena señaló un aspecto que no ha sido tocado con énfasis en este caso: los presuntos conflictos de intereses de algunos funcionarios públicos que antes trabajaban para empresas privadas del mismo sector.
"La minera actuaba en su relación comunitaria y por el lado oficial simplemente estaba la puerta giratoria entre el Ministerio de Energía y Minas y las mineras, eso es algo en lo que hay que poner coto. Es necesario que el Gobierno se ponga a pensar seriamente en sostener un servicio civil confiable y que esta puerta giratoria no sea cosa regular", dijo.
Ambos analistas coincidieron en que es importante tomar en cuenta los cambios que se hicieron a Las Bambas: de mineroducto al traslado de toneladas de minerales por la carretera en zona comunal. Además, lamentaron que la empresa haya entrado en negociaciones de entregar dinero a algunas comunidades, dividiendo a los comuneros. También señalaron la mirada lejana de algunos periodistas limeños y hasta del Jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, quien dijo en un primer momento que este era un conflicto entre privados.
El origen del conflicto minero por Las Bambas lo podemos encontrar en las modificaciones que se le han hecho al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que principalmente consisten en dejar de lado la construcción de un mineroducto y optar por trasladar las toneladas de minerales por una carretera ubicada en la zona de las comunidades campesinas. Estos cambios, afirman los comuneros, fueron planeados y realizados sin tomar en cuenta sus opiniones, por lo que reclaman su derecho a consulta previa y el pago de una servidumbre.
Cuando empezó el bloqueo de la carretera que usa MMG Limited para transportar sus minerales, representantes del Estado como el ministro de Energía y Minas resaltaron que dicha medida era ilegal porque se trataba de una vía nacional; sin embargo, no precisó que esa designación se dio cuando la empresa privada ya la estaba usando para transportar sus recursos. Esta carretera no cumpliría con el requisito de transitabilidad establecido por el MTC para las vías nacionales.
Desde el gremio empresarial, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) reaccionó acusando a los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba de azuzar a los campesinos. Días después, la Fiscalía y la Policía detuvieron a los abogados y al presidente de la comunidad, acusados del presunto delito de extorsión, aunque el Ministerio Público afirmó que este caso no tiene relación con los últimos hechos. Con estas detenciones, los comuneros aumentaron su indignación y tanto la empresa como el Gobierno se quedaron sin interlocutores en la comunidad.
Actualmente, el conflicto está entrampado, ya que los comuneros exigen la liberación de sus dirigentes e incluso una persona no identificada lanzó una piedra buscando agredir a los ministros que llegaron al fundo Yavi Yavi para dialogar.
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