El diálogo para solucionar el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas está en un punto muerto. Por ello, el Ejecutivo busca restablecer una trato directo, a través de una comisión de alto nivel, con la comunidad de Fuerabamba, que exige como principal condición para ello la liberación de su dirigente Gregorio Rojas, que fue detenido por la Policía el jueves 21 de marzo, por mandato judicial, junto a los hermanos y abogados de esta comunidad, Frank y Jorge Chávez Sotelo, a los que la fiscalía acusa de extorsión en agravio de la minera china MMG, en base a unas escuchas telefónicas en su poder.
Desde entonces, los comuneros de dividieron en tres grupos: unos están hace 51 días en el fundo Yavi Yavi (Cusco), otros se encuentran apostados en Nueva Fuerabamba, donde fueron reasentados desde el 2014. Y desde el último viernes, unos 50 comuneros tienen bloqueados los dos accesos a la minera, en los sectores de Manantiales y Pumamarca. Nadie puede entrar ni salir de la empresa.
¿Qué hacer para destrabar el conflicto?
LaMula.pe conversó con el politólogo y exviceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, quien consideró necesario, como primer paso, que el Ministerio Público y el Poder Judicial expliquen claramente a la comunidad de Fuerabamba las evidencias sólidas que motivaron la detención de Rojas, así como de los asesores Frank y Jorge Chávez Sotelo.
"Enviar ministros a la zona era una buena decisión, que implica reconocer que el Estado tiene un rol central en el conflicto", refirió el experto.
Luego, subrayó, se debe distinguir el caso de los abogados acusados de actos de extorsión, en donde la fiscalía tiene pruebas aparentemente sólidas, tal como este miércoles lo han reconocido tanto el jefe del gabinete, Salvador de Solar, como el ministro del Interior, Carlos Morán.
"Debe haber razones muy contundentes para que el Ministerio Público y los jueces priven de libertad a alguien -y eso lo hemos aprendido en los últimos meses muy bien-. Si eso existe, es un deber de jueces y fiscales explicar con mucha claridad esas evidencias contundentes y darlas a conocer a las comunidades. Solo así será posible ver la posibilidad de contar con otros intelerlocutores".
Lanegra también destacó que el Ministro del Interior haya descartado cualquier decisión de usar la fuerza en una situación que puede poner en riesgo la integridad física de los ciudadanos.
"El Gobierno debe brindar garantías para recuperar la confianza, lo cual implica, entre otras cosas, la posibilidad de recurrir a mediadores que ayuden a impulsar el diálogo. Es aquí donde deben discutirse las obligaciones que corresponden a la empresa, al Estado y a las propias comunidades".
Por último, el experto en conflictos sostuvo que el objetivo de mediano plazo del Estado debe ser recuperar la dirección del desarrollo en la zona de influencia de la mina. "Debe mostrar que pone primero a la gente y sus preocupaciones, siendo las inversiones un medio para lograrlo y no un fin", remarcó Lanegra.
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