El próximo 21 de marzo, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, deberá responder, ante el Congreso, un pliego de 21 preguntas. El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó interpelar a Zeballos por el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa brasileña Odebrecht. Al respecto, diversos políticos y organizaciones sociales que luchan contra la corrupción han advertido que este sea un intento de sabotear dicho acuerdo, ya que se debe poner por delante el derecho a la verdad y evitar la impunidad.
El abogado César Azabache también se ha manifestado sobre el tema y ha señalado algunos errores en las preguntas que el ministro de Justicia responderá ante el Congreso.
En primer lugar, sostiene el abogado, el Congreso comete el error de plantear estas preguntas como si este fuera el único y primer acuerdo, cuando en realidad es el tercero de un proceso que empezó en enero del 2017.
"Las preguntas parecen inspiradas en el error de creer que el acuerdo de los ahora US$ 245 millones (considerando intereses) es “el” acuerdo. No es así", escribió Azabache en su página de Facebook.
El abogado menciona los casos pago de sobornos en arbitrajes, la indemnización que Odebrecht deberá pagar "por haber filtrado fondos a la política nacional", entre otros que no están en el cuestionado acuerdo, sino que serán resueltos en otros complementarios.
En segundo lugar, Azabache resalta que el acuerdo en cuestión no limita que se investiguen más proyectos y sobornos. "El incremento de la lista es muy probable si tenemos en cuenta que está historia comenzó con dos proyectos y US$ 29 millones en sobornos, y ahora alcanza 5 proyectos y más de US$ 80 millones en sobornos", resaltó el abogado.
En tercer lugar, el Congreso comete otro error al creer que los US$ 245 millones (S/ 610 millones más intereses) son “la” reparación que Odebrecht “debe” al Estado o que este es el resultado “de una nueva medición de daños”. Azabache explica que "la tercera cifra acordada para pago (la primera fue por US$ 8 millones, la segunda por US$ 20) representa apenas el monto disponible para reparación que se obtuvo como resultado de la venta de la Hidroelectrica de Chaglla".
En cuarto lugar, el abogado considera "prematuro" que este acuerdo sea debatido de manera pública en el Congreso, ya que aún no ha sido aprobado judicialmente. En este sentido, recuerda que el primer y segundo acuerdo ya fueron aprobados judicialmente "de modo que pueden ser discutidos en público".
Más grave que eso, señala, es que esto constituye un "caso de interferencia" y que esto podría ser llevado ante el Tribunal Constituciona. En este sentido, el abogado recuerda la teoría sobre “obstrucción institucional” que "ensambló el juez Richard Concepción Carhuancho en base a la propuesta del fiscal José Domingo Pérez".
El quinto error detrás de las preguntas del Congreso al ministro Zeballos es, según Azabache, que no podemos medir la utilidad de la reparación contenida en este acuerdo, sin conocer las evidencias que Odebrecht puede haber ofrecido.
"Y esas evidencias deben mantenerse en reserva hasta que se apruebe el acuerdo. Las evidencias están bajo embargo hasta la aprobación y ese embargo debe ser respetado por la fiscalía y por la procuraduría", sostuvo.
Como vemos, lo único que lograría el Congreso con la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sería interferir en el proceso de aprobación judicial del acuerdo con Odebrecht, lo que pondría en riesgo también las pruebas que tendría la empresa brasileña contra los políticos peruanos implicados.
El pasado 15 de febrero, la corrupta empresa brasileña firmó un acuerdo de colaboración eficaz y de culpabilidad con los fiscales del equipo del caso Lava Jato y el procurador del Estado peruano, Jorge Ramírez. La compañía se comprometió a pagar, en un período de quince años, un total de 760 millones de soles (610 correspondientes a la reparación civil por los delitos cometidos y 150 por los intereses). Además, se estableció un interés moratorio en caso de incumplimiento de las cuotas anuales.
A cambio, la Fiscalía dio el beneficio a Odebrecht de poder concursar en licitaciones públicas, pero con la condición de que la compañía pague los impuestos vigentes a la fecha, lo que asciende, a un monto aproximado a 450 millones de soles. Es decir, este 2019, estarían entrando al tesoro público este monto más los 80 millones de soles que es la primera cuota anual por la reparación civil.
[Foto de portada: El Heraldo / Congreso]
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