La interpelación que aprobó el Congreso de la República al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió la fiscalía peruana con Odebrecht, ha disparado las alarmas en el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. 

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, consideró que la moción aprobado contra Zeballos, a pedido de la legisladora Yeni Vilcatoma bajo el argumento de que el convenio referido es ilegal, es una "injerencia" política del Parlamento en temas judiciales.

"Esta es una decisión de un grupo político con criterios no necesariamente técnicos. Nosotros somos un órgano técnico y todos los aspectos relacionados al convenio no lo discutimos públicamente, sino que los sustentamos ante el Poder Judicial, que hace el control de legalidad", dijo en entrevista con Perú21.

Vela Barba agregó que sin duda se trata de una "interferencia" en un asunto que es vital para el desenlace de las investigaciones por la trama de corrupta que montó en el Perú Odebrecht, porque pueda afectar el acuerdo de colaboración, que es indispensable para conocer la verdad de lo ocurrido.

"Es una injerencia de carácter político, pero nosotros debemos mantenernos ajenos. No nos vamos a poner a discutir estos temas con ellos".

  

Según la moción presentada por Vilcatoma (Fuerza Popular), se pretende que el ministro Zeballos revele detalles sobre el rol de la procuraduría del Estado en la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el cual, como se sabe, es reservado.

DATOS

► La Asociación Civil Transparencia invocó a las autoridades del Estado a que se abstengan de cualquier medida que ponga en riesgo las investigaciones del Caso Odebrecht y remarca que "la consolidación de la democracia requiere desterrar la impunidad y construir una cultura de integridad".

"Los actos de corrupción cometidos por Odebrecht son de suma gravedad e involucrarían a empresas nacionales y líderes políticos de diversas tendencias. Los peruanos y peruanas tenemos el derecho de conocer toda la verdad y que las autoridades fiscales y judiciales cuenten con la Información necesaria para cumplir sus responsabilidades de investigación, enjuiciamiento y sanción", se lee en el comunicado.

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