Durante la audiencia por el pedido de 36 meses de prisión preventiva para el empresario Gonzalo Monteverde, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, sostuvo él y cuatro personas vinculadas a sus compañías eran parte de una presunta organización criminal que lavaba activos para Odebrecht. 

Pérez, a fin de sustentar su afirmación, citó la declaración de Pedro Morote Cornejo, extrabajador de Monteverde, quien declaró que las empresas de su exjefe incrementaron sus ingresos monetarios al vincularse con el Consorcio Constructor Iirsa Norte, de Odebrecht. 

“No por llevar a cabo obras; sino por actuar como agentes de lavado de dinero, pues reitero, el contrato con Iirsa Norte fue absolutamente falso”, afirmó Morote ante el fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

En la audiencia, que evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Monteverde, el fiscal también citó documentación que Odebrecht entregó el 1 de marzo, por el acuerdo de colaboración con la constructora, en la que su exejecutivo Luiz Eduardo Rocha dice que los pagos del área de Operaciones Estructuradas se hicieron “a través de operadores financieros, uno de ellos Gonzalo Monteverde”.

En otro momento, Pérez señaló que entre las empresas vinculadas a Odebrecht estaban Área S.A.C., Isagon y Construmaq, las cuales recibían el dinero de la empresa brasileña para pagar coimas y por los aportes que la constructora realizaba a las campañas políticas. Estas afirmaciones tuvieron respuesta de José Luis Francia, abogado de Gonzalo Monteverde, quien negó la tesis del fiscal y manifestó que será refutada.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Monteverde habría recibido más de US$29 millones d Odebrecht a través de offshore en sus empresas nacionales con el objetivo de llevar a cabo pagos ilícitos a diversos funcionarios que favorecieron a la constructora brasileña con obras públicas. Para la fiscalía, el dinero habría sido blanqueado mediante aportes a las campañas políticas.

El requerimiento del fiscal Pérez viene siendo analizado por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción de la Corte Superior contra el Crimen Organizado.

(Foto de cabecera: EFE/Cuarto Poder)

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