El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene otros 300 contratos de personal en evaluación, como parte del sinceramiento de la planilla legislativa que significó, en la última semana de enero, la salida de 130 trabajadores contratados de forma irregular durante las gestiones de los fujimoristas Luz Salgado y Luis Galarreta, que ya viendo siendo auditadas incluso por la Contraloría.
Pero hasta la semana pasada, ya sumaban 158 los despidos, tras los informes de distintas jefaturas remitidos en la Presidencia del Congreso, que seguirán llegando esta semana, según fuentes de El Comercio allegadas al despacho de Salaverry.
La mayoría de personas a las que no se renovó contrato son militantes de Fuerza Popular. Hay casos incluso de nepotismo, con sueldos de entre S/4 mil y S/14 mil —casi como un legislador— por funciones que no quedan claras. Por ejemplo, dos sobrinos del segundo vicepresidente del Legislativo, Segundo Tapia, laboran en su despacho, lo cual está expresamente prohibido por la ley.
Según la lista de despidos, a la que accedió el Decano, en el Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana del Congreso, siete de los 12 funcionarios que han sido removidos son fujimoristas, entre estos está Rosangela Barbarán, quien en octubre pasado fue identificada en las afueras de la casa de Alberto Fujimori y aseguró que tenía "licencia sin goce de haber". También Luis Pala Castrillón, quien aparece en videos como parte del staff de jóvenes fujimoristas en la presentación de Diethell Columbus como candidato de Fuerza Popular para la Alcaldía de Lima.
El personal fujimorista en la planilla del Congreso al que no se le renovó contrato, cumplía labores proselitistas y políticas durante el horario laboral incluso, y usaban computadoras personales con internet inalámbrico para no ingresar a la red del Congreso y no ser detectados, según la investigación interna en curso.
En Fuerza Popular han justificado y hasta defendido el copamiento de áreas claves del Poder Legislativo, y acusan de discriminación a Salaverry por despedir solo al personal fujimorista. "Creo que esto podría ser una discriminación en negativo. A los trabajadores hay que evaluarlos por su perfil profesional y no por su formación política. Hay que evaluarlos por sus metas, por sus logros", alegó Úrsula Letona.
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