Escriben: Lisseth Boon y Lorena Meléndez
para Runrun.es/Venezuela y CONNECTAS
Mientras crece la presión económica sobre Venezuela para obligar al Gobierno a convocar elecciones democráticas, este se aferra a la exportación de oro en un intento por conseguir divisas para sus muy mermadas arcas. Se trata de la continuación de una estrategia que diversos analistas ven como una jugada para disminuir la presión creada por Estados Unidos en enero al anunciar severas medidas contra la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que le vendía cerca de la mitad de su producción.
Como consecuencia de ese viraje económico, se ha despertado un inusitado interés por lo relacionado con las negociaciones de oro de este país. Las noticias van desde aviones rusos que sacan en lingotes por el aeropuerto de Maiquetía en Caracas hasta la negativa de Inglaterra de autorizarle a Maduro un retiro de 1.200 millones dólares en ese oro, almacenado en Londres. También comprenden las advertencias de Washington sobre posibles consecuencias adversas para países como Turquía y Emiratos Árabes si continúan comprando metal venezolano y la declaración de John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump, acerca de que “el régimen de Maduro ha utilizado este sector para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales”.
A este panorama convulsionado se suma una investigación del medio digital venezolano Runrun.es en alianza con la plataforma periodística regional CONNECTAS. En ella se evidencia que a la par que el gobierno exaltaba la nacionalización del oro en 2011, creó una red de explotación, comercialización y negociación de la que se beneficia un reducido grupo en el poder y no el Estado. Ese grupo legitima las operaciones para justificar alguna entrada de oro en los registros del Banco Central de Venezuela (BCV).
Nueve meses antes de que John Bolton, asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos Donald Trump, acusara a Maduro, en febrero de 2018 fueron decomisadas 46 barras de oro con un peso de 50 kilos en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, mientras eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo rumbo a Ámsterdam, en el Reino de los Países Bajos.
Esas barras pertenecían a Oro Azul S.A., una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación del Arco Minero del Orinoco, zona rica en recursos minerales y donde se estima que podría haber 1500 toneladas de reservas de oro.
Aunque la exportación de metal está permitida, es paradójico que la mercancía llegó vía aérea en medio del bloqueo impuesto por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos (vea más de cómo fue la incautación).
Aquel cargamento, valorado en 2,1 millones de dólares, provenía de Maracaibo, en el oeste de Venezuela y su destino final era Dubái, en Emiratos Árabes. El mismo país al que el gobierno de Venezuela pretendía vender 15 toneladas de oro a cambio de euros. Sin embargo, la empresa Noor Capital aunque reconoció que le compró a Venezuela tres toneladas de oro en enero de 2019, afirmó que no volverá a comprarle hasta que se estabilice la situación del país.
La investigación también arrojó datos sobre los estrechos vínculos de Jorge Arreaza, actual canciller y exyerno de Hugo Chávez, con la junta directiva de Oro Azul. Y revela que otras empresas trabajan en la explotación del metal precioso con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras dedicadas a su comercialización, aunque por ley lo extraído debe ir directo al BCV.
Runrun.es en alianza con CONNECTAS recorrió la ruta de fuga del oro venezolano vía las islas ABC que sirven de escala antes de llegar a los compradores internacionales. Estuvo en los poblados donde se procesa el oro extraído del Arco Minero para ser convertido en barras y visitó los centros urbanos del norte del estado Bolívar. Viajó hasta Aruba y Curazao donde la mercancía proveniente de Venezuela es registrada en calidad de tránsito y se despacha en vuelos comerciales hasta las refinerías de Suiza y Dubái.
Venezuela no informa oficialmente las cifras de producción y exportación de minerales. Sin embargo, a dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30 por ciento de lo que se reporta al Banco Central de Venezuela como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas, según Transparencia Venezuela. Más escandalosa es la cifra de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, según la cual el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal.
Tampoco existen estadísticas oficiales de cuánto oro sale hacia Curazao y Aruba. De lo que sí hay registro es del oro que ambas islas exportan, pese a que allí no hay minas auríferas, explotación ni refinerías.
El oro de Venezuela proviene de un territorio sitiado por la violencia. Las minas del sur del estado Bolívar están comandadas por pranes —término de las cárceles venezolanas para designar a sus líderes criminales—lo que ha provocado 40 masacres desde 2016.
En 2018, el Gobierno emprendió la operación Manos de Metal para atacar a las mafias del contrabando de extracción de metales y aunque hay varios capturados, políticos como El diputado a la Asamblea Nacional para el estado Bolívar, Américo de Grazia, señala que son peces chicos y que es una estrategia para ceder al poder a otros grupos ilegales.
Lo que pasa en las minas parece no importar a los países beneficiarios del oro venezolano como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esa institución los compromete a vigilar las relaciones comerciales con las naciones consideradas “Estado de conflicto y alto riesgo”, es decir, caracterizadas por la inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal que está en la mira de las sanciones internacionales por sus vínculos con la corrupción, la criminalidad y la destrucción del ambiente.
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