#Petrofraude es una investigación colaborativa liderada por la plataforma latinoamericana de periodismo de investigación CONNECTAS en alianza con Confidencial (Nicaragua), El Pitazo (Venezuela), Diario Libre (República Dominicana) y La Prensa Gráfica de El Salvador.

La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le ayuda a evitar el completo aislamiento tiene nombre propio: Petrocaribe. Un plan energético y de cooperación que ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países, pero que en la práctica ha servido para la compra de respaldos diplomáticos. Así, los recursos de un pueblo arrinconado por el desabastecimiento y con una inflación de 1 millón por ciento el año pasado, en unos casos fortalecieron grupos de poder local en varios países, y en otros se tradujeron en corrupción y hambre.  

Tres de las realidades más complejas de América Latina están entrelazadas a cientos de kilómetros por un factor común: el petróleo venezolano. Por un lado, en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo en el mundo, el pueblo vive una emergencia humanitaria mientras el gobierno que la niega es considerado ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional. Por otro lado, en Haití sus habitantes cada vez realizan protestas más airadas reclamando por el paradero de miles de millones de dólares que llegaron como cooperación para garantizar una vida diferente tras el terremoto de enero de 2010 que dejó más de 300.000 muertos y millones sin hogar, pero que al contrario se ha traducido en profundizar sus miserias. Mientras, en Nicaragua el régimen sandinista de Daniel Ortega acaba de cumplir 12 años en el poder fortaleciendo su mano dura contra los derechos de quienes lo critican, tras perder la estabilidad que tuvo por años al reducirse el flujo de fondos que llegaban de Venezuela con la caída de los precios del petróleo.

Fue Hugo Chávez, en el fortalecimiento de su ideario bolivariano por América Latina, quien ideó esta estrategia de la mano del boom petrolero con lo que buscaría la consolidación de su política socialista. En la cumbre de Puerto La Cruz, Venezuela, en la que se creó Petrocaribe en 2005, ratificó la visión con la que publicitaba el acuerdo energético. En sus palabras, los proyectos a realizar debían “empoderar de derechos” a las poblaciones de los países beneficiarios, ayudar a la “superación de la pobreza” y garantizar la “disponibilidad y accesibilidad a la salud, la educación y al microfinanciamiento de cooperativas, pequeñas y medianas industrias”, entre otros objetivos.

Para esta investigación de #Petrofraude, un equipo periodístico de cinco medios revisó en detalle la información disponible del ambicioso programa en los 14 países beneficiarios y realizó trabajos de campo en Nicaragua, Haití, República Dominicana, El Salvador, Guyana y Venezuela para contrastar en qué se ha convertido el maná que llegó de la mano del carismático gobernante, quien en los días de opulencia se preciaba de transitar el camino para derrotar la desigualdad en su país y de trazar la ruta para el resto del continente mostrando a Petrocaribe como un modelo sin antecedentes de relaciones internacionales solidarias.

Sin embargo, la investigación de #Petrofraude demuestra que esos propósitos no se cumplieron al pie de la letra y que, desde un principio, la estrategia fue otra: asegurar apoyos diplomáticos en foros internacionales y buscar la expansión regional del socialismo boliviarno venezolano. La estrategia incluso le ha permitido a Nicolás Maduro resistir a un creciente aislamiento internacional que tuvo su más reciente expresión cuando una mayoría de 19 gobiernos de la región desconocieron su nuevo período como presidente de Venezuela por considerar fraudulentas las elecciones que le permitieron reelegirse por seis años. En ese contexto, un grupo de países caribeños y centroamericanos beneficiarios del acuerdo estuvieron en el bloque de los que reconocieron su legitimidad o se abstuvieron de cuestionarla en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos del 10 de enero de 2019, fecha coincidente con la tomar del poder para comenzar su segundo mandato.

En documentos oficiales la cancillería venezolana ha descrito al bloque de beneficiados de los créditos petroleros como una barrera de protección internacional. “La concepción estratégica de acción exterior de Venezuela hacia la región pasó por la definición y reforzamientos de los anillos de protección geopolítica constituidos por la ALBA y Petrocaribe como primer anillo”, se señaló en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en 2015. Fue el mismo año cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama catalogó en una orden ejecutiva a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su país.

Como segundo y tercer anillos con igual propósito “de defensa y garantía de la soberanía nacional” se mencionaron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), también impulsadas por Venezuela. La metáfora de los anillos, propia del lenguaje militar, refleja la visión del gobierno de Caracas con respecto a la importancia geopolítica de la cooperación petrolera y explica los pasos de su diplomacia (ver mapa Anillos de seguridad).

Con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder, lejos de suspenderse el plan, se mantuvo a toda costa bajo las directrices que ya se habían establecido. Ello incluyó la apuesta por los liderazgos locales que pudieran ser afines con la causa socialista y por el sistema de compensaciones en el que los grandes volúmenes de petroleo de Venezuela se transaban a cambio de alimentos, en una parte, y en otra bajo créditos pagaderos hasta en 25 años con tasas que no superaban el 2,5 por ciento anual.

La cascada de dinero, que supuso la inyección de aproximadamente 28.000 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad se transformaron en los préstamos con facilidades, implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada por #Petrofraude, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a la consolidación de otros regímenes políticos que hoy son noticia, como el caso del orteguismo en Nicaragua.

En ese caso, Chávez puso en su mira el respaldo con estos fondos a Daniel Ortega cuando aún era candidato a la presidencia de Nicaragua en las elecciones celebradas en 2006. El excomandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había ejercido la presidencia de Nicaragua entre 1980 y 1990, pero no había podido retornar al cargo después de tres intentos. Siete meses antes de los comicios de noviembre fue invitado de honor de Chávez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, durante la firma de un convenio que permitió el envío de 82.000 galones de diésel a los alcaldes sandinistas, que lo distribuyeron entre transportistas, agricultores y ganaderos a falta cuatro semanas para los comicios. Desde ese momento, los recursos que llegaron a manos llenas desde Venezuela se volvieron el sello de la gobernabilidad que Ortega logró incluso con los más tradicionales empresarios de su país y de la élite centroamericana, quienes no cuestionaron al mandatario mientras hubo recursos (ver nota: El asistencialismo que atornilló a los aliados). 

El ejemplo de Nicaragua está lejos de haber sido una excepción en la región, donde los créditos petroleros venezolanos ayudaron a catapultar o consolidar en el poder a aliados políticos de Chávez y Maduro, pero de igual manera el debilitamiento de los precios internacionales luego los ha puesto en aprietos. De hecho, la crisis del país centroamericano en manos de Ortega está en buena medida asociada con el debilitamiento de la economía local tras reducirse la ayuda venezolana.

A la luz del inventario realizado por #Petrofraude, la diplomacia de Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Dominica surgen como las más consistentes en la línea del apoyo. El caso del país centroamericano resalta por los respaldos recíprocos ofrecidos en 2017 y 2018 cuando protestas políticas reprimidas en ambos países dejaron aproximadamente 500 muertos en suma y acusaciones contra Maduro y Ortega de aplicar incluso fuerza letal a través de grupos paramilitares consentidos por ambos gobiernos. El bloque de los que se “alinearon” con el régimen de turno de Venezuela incluye además a países como Antigua y Barbuda, Belice y Granada, entre otros que, a pesar de ser muy pequeños en territorio y población, tienen votos con el mismo valor en los diversos foros internacionales, en especial en la OEA, donde el “anillo de protección” de los gobiernos de Venezuela ha cumplido a carta cabal su propósito.

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)  y uno de los impulsores de los convenios mientras sirvió a Chávez, no evadió el tema en entrevista con periodistas de #Petrofraude. “Nos volteamos a nuestro espacio natural geopolítico. Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, islas muy pequeñas, pero que al cabo son países soberanos. ¿Qué eso nos dio una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos los países lo hacen? Estados Unidos lo hace, los ingleses lo hacen, los mexicanos lo hacen”.

El exfuncionario, requerido por la justicia en el marco de un fuerte enfrentamiento con Maduro, afirma que el volumen despachado era relativamente poco para PDVSA y permitía capitalizar un efecto multiplicador en relaciones internacionales. Oficialmente, es un tema que funcionarios del país promotor y de los beneficiarios suelen negar con vehemencia (ver nota: Petróleo por votos).

Sin embargo, los recursos de Petrocaribe tuvieron destinos más allá de la “política diferenciada” que defiende Ramírez. Multimillonarios recursos terminaron abultando los bolsillos de dirigentes locales o de empresarios amigos. Uno de los casos prominentes es el de Félix Bautista, senador del partido gobernante en República Dominicana. El parlamentario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Global Magnitsky Act por presunto lavado de dinero proveniente de Petrocaribe. Compañías suyas estuvieron entre las más favorecidas con contratos para la reconstrucción haitiana y, según documentación examinada en el presente trabajo, también formaron parte de complejos movimientos financieros de los que salieron aportes para campañas electorales y figuras políticas en diversos países. Entre ellos se cuentan fundaciones como la de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana por tres periodos, o aportes denunciados a personajes de la talla de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, y Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. Estos tres últimos son procesados en sus países por diversos delitos de corrupción.

Entre todas, la situación de Haití es precisamente la más aberrante. Allí se puede ver cómo la esperanza de desarrollo de uno de los países más pobres del continente fueron literalmente robados. El terremoto de 2010 se convirtió en una oportunidad para demostrar aún más la solidaridad y ayudar a reconstruir el devastado país para lo cual se presupuestaron más de 2.100 millones de dólares. Pero el resultado es un inventario de proyectos inconclusos que ha provocado protestas en las calles que cada vez se tornan más violentas y que ya dejan siete muertos. En sus consignas, los haitianos gritan en creole “Kot kób Petrocaribe a?”: ¿A dónde se fue el dinero de Petrocaribe” porque saben que recursos para viviendas, mercados, hospitales, colegios y otros proyectos con más de 400 partidas en las que se asignaron recursos llegó pero, una buena parte, fue a parar a bolsillos privados.

Cuando surgieron cuestionamientos públicos, diplomáticos venezolanos respondieron que el gobierno de Nicolás Maduro se sentía contento con la ejecución de los proyectos en el país caribeño e incluso se señaló que auditorías realizadas por Venezuela habían arrojado resultados satisfactorios.

Investigaciones parlamentarias locales involucran a los expresidentes de Haití, Michel Martelli y René Preval, por tomar decisiones sin mayor sustento técnico para asignar apresurados contratos públicos. Igual señalan al actual presidente Jovenel Moïse por no tener firmeza en promover investigaciones y porque como empresario antes de llegar a la presidencia también sacó provecho. Según esas indagaciones, el gran desfalco involucra más de 40 personas entre ministros y directores de otras entidades estatales. Hasta el hijo del expresidente Martelli figura como uno de los enlaces claves en los contratos cuestionados. “Llamamos al arresto de todos los ladrones”, dice una de las canciones que repiten los haitianos que protestan en las calles de Puerto Príncipe (ver nota: Las obras fantasmas que pagó el petróleo a los poderosos).

En El Salvador los recursos de Petrocaribe han sido administrados con el protagonismo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), grupo político que surgió de la extinta guerrilla en el país centroamericano y que tras ser el partido de oposición de izquierda se convirtió en la primera fuerza política con momentos de mayoría en el Congreso y durante dos periodos consecutivos con control de la Presidencia de la República. Esto durante la última década, coincidente con el flujo de dinero que Venezuela giró.

La investigación de #Petrofraude refleja que tras bambalinas, el principal artífice en la forma en que se ha estructurado el laberíntico manejo financiero de los miles de millones recibidos es José Luis Merino, uno de los dirigentes claves del FMLN. Las transacciones, que incluyen centenares de giros a cuentas off shore, a sociedades de las que no se sabe quiénes son sus beneficiarios, tienen un particular episodio por cuenta de operaciones inmobiliarias especulativas dentro del mismo país y las cuales han sido reveladas en el presente trabajo.

Por ejemplo, una de ellas es un lote donde funcionó una gasolinera con la bandera Alba Petróleos. Después de que el dueño original y empleados cercanos intercambiaron entre sí la propiedad en dos transacciones, el terreno fue adquirido por una firma que forma parte del pulpo empresarial constituido en El Salvador para manejar el petróleo venezolano. En cuatro meses, el inmueble pasó de costar 85.500 a 1,3 millones de dólares, es decir, 15 veces más su valor. #Petrofraude documentó situaciones similares en un centenar de inmuebles. En la práctica, la empresa que ha manejado la millonaria cooperación venezolana opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por 500 millones de dólares a 90 personas y empresas escogidas a dedo. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario (ver nota: El desvío de los petrodólares).

Pero la forma de corrupción más generalizada ha estado en las llamadas compensaciones, el esquema en el que los países pagaban parte de sus deudas con productos alimenticios. En el papel, esta idea no sólo garantizaba seguridad alimentaria en Venezuela, que al contrario ha tenido al desabastecimiento como uno de sus principales sellos en los últimos años, sino que también fortalecería la industria nacional en cada país deudor. Sin embargo la investigación periodística de #Petrofraude demuestra cómo este mecanismo se prestó para triangulaciones, facturaciones con sobreprecio y hasta recompra de productos de países de destinos tan lejanos como Nueva Zelanda.

La falta de control permitió que algunos pocos tuvieran una inesperada bonanza gracias a los recursos de Venezuela, que pagaba productos en muchos de casos de baja calidad muy por encima de los precios internacionales de lo que costarían productos de primera calidad.

Por ejemplo, en uno de los documentos inéditos revelados por #Petrofraude se ve uno de los comentarios de puño y letra del presidente Nicolás Maduro: “Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, justo al lado de su firma aprobatoria. Este documento aprobó una oferta de importaciones de varios productos en los que se aceptó pagar precios por encima de referencias de mercado o a precios que rebasaban promedios de las décadas recientes para el país. Entre ellos estaban la carne de ganado a casi 5.690 dólares por tonelada, cuando en los 20 años previos los mejores promedios de exportación no habían superado los 5.000 dólares, según datos oficiales de ese país.

La operación aprobada por Maduro formó parte de un patrón. #Petrofraude, documentó pagos de 145 millones de dólares por encima de los valores de mercado en la compra de café de dudosa calidad vendido por Nicaragua entre 2009 y 2013. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero, ¿quién se va a quejar en Venezuela?”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, zona donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”. Bajo el esquema de compensaciones, según datos de PDVSA a los que accedió #Petrofraude, se habrían exportado más de 2.700 millones de dólares a través de una empresa binacional manejada por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Gran parte de ellos tuvieron diferenciales de precios que favorecieron a intermediarios cercanos al poder.

Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la Fedeagro, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios premium pero era de baja calidad”. Esta es una de las situaciones que confirma lo distante que terminaron siendo en la práctica componentes claves de este ambicioso plan de cooperación que supuestamente ayudaría a superar la pobreza.

Una tendencia semejante a la que ocurrió con la compensación comercial sucedió con Guyana, el segundo mayor beneficiario del sistema. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran. Durante seis años se despachó más de 1 millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de 700 dólares por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por 224 dólares menos.

Por esta vía se esquilmaron cientos de millones de dólares de los venezolanos que paradójicamente hoy no tiene siquiera como suplir sus alacenas con los productos más básicos (ver nota: El negocio que vació la mesa de los venezolanos).

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor como el petróleo en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz. “El mayor beneficio para Venezuela no parece ser económico”, se señala en el texto, que sugiere que la ganancia mayor se obtenía en el campo diplomático.

Ningún vocero actual de PDVSA en Venezuela atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto ni tampoco involucrados directos como Merino, Bautista o Francisco López, el hombre de confianza de Ortega que en Nicaragua manejó la cooperación petrolera. Por su parte, Rafael Ramírez negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013. “Todo está auditado”, dijo el exfuncionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.

Sin embargo, uno de estos informes de auditoría apunta que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de 3.700 millones de dólares, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento. El documento, fechado en abril de 2017, afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos.

El conglomerado de empresas del lado venezolano a cargo de las compensaciones ha sido manejado principalmente por militares. Entre las personas claves en el manejo directo de estas operaciones también han destacado Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo; y el fallecido Bernardo Álvarez, quien pasó de ser el secretario general de Petrocaribe y de Caribe, filial de PDVSA que es socia en 12 empresas binacionales relacionadas con la ejecución de los convenios petroleros en igual número de países de la región, a ser embajador ante la OEA donde llegó a ser presidente de su Consejo Permanente.

Aún está por verse las sanciones a los responsables de tan gigantesco fraude. Sin embargo es sólo que ahora se expone de manera amplia la compleja madeja de años de giros sin mayor control. Por ahora lo único claro es este modelo venezolano de exportación del socialismo hace aguas, y con la sequía por la baja capacidad actual de seguir inyectando dólares a manos llenas, irá dejando al descubierto las debilidades de un modelo que se basó en gran medida en los multimillonarios recursos del petróleo, de un pueblo que hoy padece hambre.

(Foto abridora: Fernanda Lemarie, Cancillería de Ecuador)