A estas alturas, queda claro que el fujimorismo usó el Congreso de la República como una suerte de agencia de empleos, para colocar y nombrar en planilla a sus militantes, aportantes y adeptos. Hay casos incluso de nepotismo, con sueldos de entre S/4 mil y S/14 mil —casi como un legislador— por funciones que no quedan claras, según reveló el jueves Perú21.  

Por ejemplo, dos sobrinos del segundo vicepresidente del Legislativo, Segundo Tapia, laboran en su despacho, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Se trata de Miguel y Eduardo Talledo Elera, quienes son hijos de la prima de la esposa del fujimorista, Leonor Elera, y cumplen la función de "asistencia especializada en las comisiones del Congreso", reveló Correo.

Por ello, el congresista Marco Arana (Frente Amplio9 remitió un oficio al titular del Legislativo, Daniel Salaverry, para que disponga una investigación de la Contraloría  sobre la contratación de personal vinculado a Fuerza Popular en el Congreso, que "desde 2016 ha servido para dar trabajo bien remunerado y sin concurso público a personal allegado a Keiko Fujimori".

"Es lamentable apreciar que desde el 2016, nuestra institución, que se debe a todos los peruanos, ha servido para dar trabajo bien remunerado y sin concurso de méritos a personas allegadas a la investigada Keiko Fujimori desde que el grupo parlamentario Fuerza Popular asumió la Presidencia del Congreso en las Legislaturas 2016-2017 y 2017-2018".

El legislador del Frente Amplio detalló que la solicitud exige que sea la Contraloría  General de la República la que realice la investigación sobre los nombramientos de "asesores VIP, que ingresaron al cuerpo parlamentario sin concurso y solo por ser personal de confianza de Fuerza Popular".

Salaverry decidió esta semana no renovar el contrato a más de 100 trabajadores del Legislativo que son militantes de Fuerza Popular, quienes habían sido ubicados en puestos claves durante las gestiones de Luz Salgado y Luis Galarreta. Para el titular del Congreso, dicha institución "no puede ser la agencia de empleos del partido de turno".

El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, quien el jueves anunció el fin de la "alianza" con dl fujimorismo, saludó la decisión del titular del Congreso"Si se ha contratado familiares, es un delito. Es nepotismo. Me parece bien la decisión de Daniel Salaverry", anotó, tras pedir que se haga pública la planilla de funcionarios del Congreso y el personal de confianza.

[Foto de cabecera: La República]

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