La anulación de los nombramientos irregulares realizados en el Congreso en las últimas dos legislaturas, en las que el fujimorismo hizo y deshizo, es el siguiente paso al anuncio de que no se renovarán los contratados a unos 130 trabajadores administrativos que llevó, precisamente, Fuerza Popular al Parlamento.

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) anunció este lunes que así se lo solicitará formalmente al titular del Legislativo, Daniel Salaverry, quien el domingo dijo que se terminaron los tiempos del 'tarjetazo' y del 'padrinazgo', al confirmar la salida de trabajadores administrativos. "Estamos sincerando las planillas en el Congreso, el Congreso no puede ser agencia de empleos del partido de turno, eso se tiene que acabar", refirió Salaverry en Cuarto Poder.

Según Lescano, esta última decisión de Salaverry constituye un primer paso para terminar con los ataques que el personal afín a Fuerza Popular hacía en contra de los opositores del fujimorismo en el Congreso.

El legislador acciopopulista recordó que no solo hubo difamaciones en su contra sino también actos intimidatorios, como las coronas fúnebres que hicieron llegar hasta su despacho en el Legislativo. "Me parece bien no renovarles, pero también debe salir gente nombrada ilegalmente, que incumple los requisitos de ley y dirigía a los trolls", dijo a la agencia Andina.

El parlamentario estimó que son alrededor de 30 los nombramientos irregulares de gente ligada a la cúpula de Fuerza Popular en el Legislativo.

"Hoy voy a presentar mi solicitud a Salaverry para que vea esto. Son gente con menos de un año laborando acá y ya los han nombrado, violentando la ley laboral, son nombramientos nulos. Con ilegalidad no puedes adquirir derechos".

En junio del 2018, Cuarto Poder denunció que Fuerza Popular anuló una norma del Parlamento para conseguir que al menos seis de sus aportantes tengan beneficios ilegítimos. Lo hizo gracias al control de la Mesa Directiva desde el 2016. Así, por ejemplo, seis funcionarios vinculados al fujimorismo obtuvieron la condición de "personal estable" del Congreso, pese a no cumplir los requisitos para obtener tal beneficio. 

Uno de ellos es Juan Rengifo Bahamonde, quien cobra 14.500 soles mensuales, pero antes de tener un contrato indefinido, no tenía ni siquiera un año en el cargo de "especialista parlamentario" en la Dirección General Parlamentaria. Para ello, se dejó sin efecto la norma que regula las contrataciones y los nombramientos del Congreso. 

Otro de los funcionarios favorecidos por el fujimorismo es Wilfredo Ponce de León, quien trabaja en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso y también cobra un sueldo de 14.500 soles al mes. Este funcionario ingresó al Congreso en setiembre del 2016 y  donó más de 16.000 soles a Fuerza Popular entre las campañas del 2011 y el 2016. Para más señas, Ponce de León se presentó como el abogado de Fuerza Popular cuando el Ministerio Público allanó los locales de ese partido como parte de la investigación por la lavado de activos que afronta en prisión preventiva la jefa del partido, Keiko Fujimori.

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