La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo juicio por corrupción y lavado de dinero, esta vez por las reformas que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al líder izquierdista en Atibaia, Sao Paulo, como pago a sus favores políticos.

Lula, quien gobernó el gigante sudamericano entre 2003 y 2010, cumple condena desde el pasado abril por otro caso, después de que la justicia lo sentenció por recibir de OAS un apartamento de lujo en una playa de Sao Paulo, también como pago a sus favores políticos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) en la casa de campo en Atibaia, la cual está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

Según la Justicia, pese a no ser el dueño de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma que hicieron las empresas que fueron favorecidas en su gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Además de Lula, la jueza Hardt también condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien está preso desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del gobierno del ultraconservador Jair Bolsonaro.

Moro fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula en noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

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