Esta semana, el célebre juez del caso Lava Jato en Brasil, Sergio Moro, aceptó ser ministro de Justicia del futuro gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero su decisión de dar el salto de la judicatura a la política, que descartaba hasta no hace mucho, más allá de que era previsible para los observadores locales, pone en duda las decisiones judiciales que tomó contra el expresidente Lula da Silva y el Partido de los trabajadores (PT).
No solo porque Sergio Moro fue el que procesó y encarceló a Lula, el mayor rival de Jair Bolsonaro, quien desde enero próximo será su jefe, sino porque siendo juez ordenó la detención del líder de PT, permitió la filtración de unas interceptaciones ilegales que posteriormente se manipularon en contra del expresidente, presionó para que no se cumpliese la orden judicial de poner en libertad a Lula y levantó el secreto de sumario del expediente a tan solo seis días de la primera vuelta.
Las sospechas crecen cuando el vicepresidente electo, Hamilton Mourão, dijo en una reciente entrevista que a Moro le ofrecieron el cargo ya hace varias semanas, aunque no precisó sí fue antes o luego de que el 'súperjuez' decidiera, el pasado 1 de octubre, seis días antes de la primera vuelta, hacer pública la declaración del exministro Antonio Palocci, en la que este acusó a Lula de conocer las tramas de corrupción de la constructora Odebrecht y de Petrobras en su gobierno.
Moro, considerado héroe nacional para buena parte de los brasileños, no explicó en su momento los motivos procesales que lo llevaron a tomar esa decisión, que terminó favoreciendo en parte a la candidatura de Bolsonaro. Y ante esa falta de explicaciones, con su nombramiento como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, se parecen disipar algunas dudas y acentuar otras.
La decisión del célebre juez —que condenó a Lula por recibir un departamento de lujo frente al mar de una constructora a cambio de facilidades para negociar con Petrobras— de aceptar ser ministro de Bolsonaro parece darle la razón a quienes lo acusaban de actuar por motivaciones políticas contra expresidente y el PT.
Cuando se lo preguntaron, hace dos años ya, Moro negó que tenga intenciones de dejar la judicatura para pasar a la política. "Jamás. Jamás. Soy un hombre de justicia y, sin ánimo de criticar, no soy un hombre de política", declaró al diario O Estado de S. Paulo en su primera entrevista como instructor del caso Lava Jato.
Y apenas el año pasado, Moro le dijo a la revista Veja que "no sería apropiado por mi parte postularme a un cargo político porque ello podría, digámoslo así, poner en duda la integridad del trabajo que he hecho hasta este momento".
Pero en el último tramo de la campaña en Brasil, la más polarizada de su historia, eran pocos ya los que creían que Moro no tuviera motivaciones distintas de las del derecho y la ley. Uno de ellos fue el excandidato presidencial Ciro Gomes, quien dijo: "Moro tiene que aceptar la invitación [a formar parte del Gobierno] porque él no es un juez, es un político y tiene que asumir de una vez su vocación".
El último jueves, Moro se reunió con Bolsonaro y confirmó lo que antes había negado. "Después de una reunión personal en la que se discutieron políticas, acepté honrado la invitación", expresó el aún juez en un comunicado.
Ahora, ad portas de debut político, Moro tiene la posibilidad de, en dos años, llegar al Tribunal Supremo, como lo dijo el propio Bolsonaro. Incluso ya algunos piensan que el magistrado alberga aspiraciones presidenciales en el 2022.
El País de España, en su editorial, resume así lo que acaba de pasara con Moro:
"La decisión del juez Moro de unirse al gobierno del presidente electo, a cuyo rival procesó y encarceló tan recientemente, no puede más que inquietar a los defensores del debido proceso. El hecho de que Moro sea ministro de Bolsonaro arroja de forma inevitable una sombra retrospectiva sobre si Lula tuvo o no un juicio justo, o si gozó del derecho a tener un juez imparcial".
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