"Falsas e imprecisas". Así calificó la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato a las versiones —que provienen sobre todo del entorno de los investigados— que afirman que el monto de S/610 millones por reparación civil que se le exige a la constructora Odebrecht no se habría calculado dentro de los lineamientos que establecen la Ley 30737 y su reglamento.  

Mediante un comunicado, la procuraduría a cargo de Jorge Ramírez manifiesta que esas versiones confunden el proceso de cálculo de la reparación civil con el beneficio que ofrece el equipo especial de la fiscalía para excluir a la empresa brasileña de los alcances de la Ley 30737, por la valiosa información y pruebas que, en opinión de los fiscales, viene aportando en la investigación.

"Este beneficio que se le otorgaría a Odebrecht por solicitud de la fiscalía, recién entraría en vigencia una vez que se firme el acta final de colaboración eficaz y esta sea aprobada por un juez del Poder Judicial", se lee en el comunicado.

La procuraduría ad hoc aclaró que hasta que el acuerdo no sea aprobado por un juez, Odebrecht continúa bajo los alcances de la Ley 30737 y su reglamento. Asimismo, insistió que el monto de la reparación civil se ha calculado bajo los lineamientos y fórmulas de dichas normas legales.

De otro lado, se confirmó en la resolución del Ministerio de Justicia publicada en Normas Legales que el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, acompañará a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, José Domingo Pérez y Norma Mori, quienes viajarán este lunes 28 de enero al Principado de Andorra con el objetivo de extraer información relevante así como testimonios que revelen la apertura de cuentas que pagaron coimas a funcionarios peruanos por orden de Odebrecht.  

De acuerdo con el documento Nº 0032-2019-JUS, se indica que "resulta de interés institucional autorizar el viaje del señor Jorge Miguel Ramírez Ramírez, Procurador Público Ad Hoc para el caso Odebrecht y otras, a efectos que participe en la citada diligencia en representación del Estado peruano".

DATO

> La Ley 30737 busca asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos. Esta norma fue aprobada por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo el 12 de marzo del 2018.

(Foto de cabecera: Andina)

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