Ante el sabotaje fujiaprista para seguir protegiendo a Pedro Chávarry, aparecen más opciones de salida a esta crisis en el Ministerio Público (MP). Una de ellas es la propuesta del congresista Gilbert Violeta, quien anunció un proyecto de ley multipartidario para que la Junta de Fiscales Supremos tenga el poder de suspender al fiscal de la Nación.
Violeta resaltó que son necesarias "acciones inmediatas" para resolver la crisis en la Fiscalía y precisó que este proyecto de ley busca modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta propuesta cuenta con el apoyo de las bancadas PPK, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Bancada Liberal.
El proyecto consiste en ampliar la Junta de Fiscales Supremos incluyendo a los Adjuntos. Estos podrían reunirse de manera excepcional a solicitud de la mitad más uno del numero legal de miembros. Y dentro de sus atribuciones están la aceptación de la renuncia del fiscal de la Nación. Se pone como condición que los miembros de la Junta no pueden tener sanciones por comisión de faltas graves ni conflicto de intereses que afecten sus funciones.
En las disposiciones complementarias transitorias, se señala que la Junta tendrá autorización para suspender al titular del Ministerio Público hasta que se conforme y entre en función la Junta Nacional de Justicia. Este proyecto se suma al del Ejecutivo que plantea declarar en emergencia a la Fiscalía.
Estas propuestas son opciones para salir de la crisis provocada por Chávarry, quien no solo es acusado de pertenecer a la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto' y de cometer delito de encubrimiento al favorecer a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, sino que la noche del 31 de diciembre del 2018 decidió, de manera arbitraria e ilegal, retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso Lava Jato.
Su medida provocó la indignación ciudadana manifestada en diversas protestas a nivel nacional y el rechazo del presidente Martín Vizcarra. Luego de 36 horas, Pedro Chávarry retrocedió en su medida, pero quedó totalmente deslegitimado al punto que los demás fiscales supremos le pidieron que renuncie, pero él se ha negado, incluso a pesar de tener su colegiatura como abogado suspendida tras una resolución del Consejo de Ética del CAL.
[Foto de portada: El Heraldo]
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