Un juez de la corte suprema brasileña ordenó la liberación de los presos con recursos pendientes después de haber sido condenados en segunda instancia, una decisión que podría suponer la libertad inminente del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años por corrupción.
La medida tiene efecto inmediato pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos, precisó el juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal
La decisión se apoya en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso del expresidente brasileño, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún hay dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez puede beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.
En su decisión, el magistrado estableció como única excepción los casos de las personas que están en prisión preventiva, regulada por otro artículo y dictada cuando sea necesario dar "garantías para el orden público, económico o conveniencia" del proceso judicial.
La cautelar fue dictada a petición del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inicia un receso hasta el próximo febrero.
Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que "la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario", que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.
Según el magistrado, "el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales".
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