El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el pedido de la procuraduría ad hoc para que se incorpore como terceros civiles responsables a las empresas Graña y Montero SAA, JJC Contratistas Generales SA e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (Iccgsa), consorciadas de la constructora Odebrecht, en el marco de la investigación que se les sigue por las irregularidades en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3. 

Con esto se busca que dichas empresas puedan asumir de manera solidaria un eventual pago de la reparación civil por los daños causados al Estado peruano por la adjudicación irregular de la mencionada obra, por la cual la compañía brasileña pagó más de US$ 20 millones como soborno al expresidente Alejandro Toledo para ser favorecida en la licitación.

La respuesta de la defensa de la empresa Graña y Montero apunta a que no debía aceptarse el pedido porque la empresa no habría participado del acuerdo ilícito con Odebrecht y que el único grado de vinculación con el caso, es el de dependencia de una persona natural que trabajó para la empresa. En esa misma línea, los abogados de JJC Contratistas, aseguraron que su patrocinada no había participado en ningún acuerdo con el exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata. 

Por su parte, Iccgsa indicó a través de su defensa que la procuraduría no habría establecido el supuesto daño causado. No obstante, el juez Concepción Carhuancho sostuvo entre sus argumentos que las personas naturales no pueden desvincularse de las empresas que habrían cometido actos ilícitos. Asimismo, afirmó que si estas personas jurídicas se habrían beneficiaron de una decisión, en consecuencia, también deberían responder por el presunto daño causado al Estado, según informó El Comercio.  

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, citó a un grupo de exdirectivos de empresas que formaron consorcios con la constructora brasileña para ejecutar las obras de la carretera Interoceánica Sur. La diligencia se programó para este mes, a fin de que rindan su declaración como parte de la investigación que se les sigue.

Pérez interrogará a José Alejandro Graña Miro Quesada el 6 de diciembre, mientras que Fernando Camet Piccone fue citado para el 7 de diciembre. José Fernando Castillo Dibós y Hernando Graña Acuña deberán concurrir el 10 y 11 de diciembre, respectivamente. Gonzalo Ferraro Rey fue citado para el 12 de ese mes. 

El fiscal además programó la visualización de la copia espejo de los dispositivos y bienes informáticos que le fueron incautados al expresidente Alejandro Toledo para el 26 y 27 de diciembre. Como se recuerda, al exmandatario se le acusa de haber recibido US$ 20 millones por beneficiar a Odebrecht en la licitación de la obra.

Respecto a la indagación que involucra a los consorciados, a los empresarios se les imputa haberse coludido con Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, para pagar un presunto soborno a Toledo, a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 la carretera Interocéanica Sur. Asimismo, Barata confesó a los fiscales peruanos que las consorciadas dieron el visto bueno para otorgar la coima y que en 2011 cedieron parte de sus utilidades para compensar a Odebrecht por el pago de los 20 millones de dólares que recibió el exmandatario.

(Foto de cabecera: Andina)

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