En su editorial del lunes 17 de diciembre, el diario O'Globo trata en su editorial sobre la nueva etapa de colaboración entre Odebrecht y el Perú, en referencia al acuerdo de colaboración al que se adherirá desde el 11 de enero Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, y otros cuatro funcionarios brasileños.
"Se prevé una larga y fuerte tormenta sobre el gobierno y el Congreso del Perú durante las próximas semanas, como consecuencia del acuerdo de colaboración judicial firmado por Odebrecht la semana pasada. En esencia, es similar a lo que el grupo empresarial hizo hace dos años con Brasil, Estados Unidos y Suiza. Prevé testimonios y entrega de pruebas, sin restricciones, de crímenes de corrupción y lavado de activos", señala el medio brasileño.
Y recuerda cómo este caso ha puesto en jaque a cuatro exmandatarios nacionales: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García por sospechas de mala administración y recepción de dinero de empresas brasileñas. También resalta la prisión preventiva de Keiko Fujimori. En este contexto, el acuerdo -considera- tiene un potencial aún más devastador.
El diario subraya que la corrupción liderada por la firma brasileña, más allá del escándalo e indignación, puede generar una unión latinoamericana al colocar la corrupción en el centro del debate político. "Una de las consecuencias notables es el respaldo público a la represión de los crímenes que desequilibran la competencia en los mercados nacionales", dice.
Lo que se viene
El próximo 11 de enero se firmará el acta donde se estipulan puntos clave para la cooperación entre el Ministerio Público, la Procuraduría ad hoc y la constructora brasileña Odebrecht. En el documento la compañía se compromete a entregar toda la información de la que disponga —sin restricciones— de las coimas y aportes a las campañas en el país, para que la fiscalía peruana concrete las investigaciones correspondientes al Caso Lava Jato.
Los firmantes del convenio marco de cooperación judicial acordaron asumir una serie de compromisos. Por el lado de Odebrecht, implica que entregue toda la información sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos peruanos, lo que incluye pruebas documentales y testimonios. A cambio, el Estado peruano no perseguirá judicialmente a la empresa brasileña ni a sus exejecutivos, la mayoría ya condenados en Brasil.
Al respecto, el coordinador del Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato, Rafael Vela, brindó más detalles. En una entrevista a Perú21 el fiscal superior señaló que, además de "las firmas de colaboradores eficaces" que se dará en esa fecha, desde entonces "entraremos a un nuevo periodo en el que trabajaremos en Curitiba del 14 al 18 de enero. Ahí interrogaremos a Jorge Barata".
De esta manera confirmó que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú será colaborador eficaz desde enero puesto que "ya tiene un compromiso con la Fiscalía y con la Procuraduría". El siguiente pasó lo dará el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, quien sustentará el acuerdo en una audiencia ante la jueza del Sistema Anticorrupción, María de los Ángeles Álvarez, para que se logre su homologación.
Una vez que el acuerdo haya sido aceptado y homologado por el Poder Judicial, Odebrecht entregará todos los archivos contenidos en los soportes electromagnéticos de los sistemas Drousys y Mywebday del Sector de Operaciones Estructuradas, según infomró Cuarto Poder. Estos sistemas operativos actualmente se encuentran en custodia del Ministerio Público Federal de Brasil, relacionados a actos en perjuicio del Estado peruano.
Drousys y Mywebday son los programas contables que creó Odebrecht para llevar un registro interno de sus sobornos y sus sobornados. Algunos archivos ya han sido remitidos al Perú por la Fiscalía suiza, pero la empresa brasileña entregará absolutamente todo el material.
La empresa brasileña también está obligada a custodiar toda la documentación administrativa, contable, tributaria, financiera, bancaria, comercial y de cualquier índole que se encuentra en sus oficinas y almacenes en el Perú, por un plazo de veinte años; en caso sea necesario, dicha documentación será digitalizada con la autorización del Ministerio Público. Odebrecht entregará el inventario detallado de toda la información.
(Foto de cabecera: Gazeta do Povo)
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