La sentencia del Poder Judicial (PJ) afirma que robó al Estado peruano, pero el Congreso, dominado por fujiapristas, lo protege. En agosto pasado, el congresista Edwin Donayre (APP) fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por ser culpable de peculado en el caso conocido como 'Gasolinazo'. Pero hasta el momento, el Parlamento no le levanta la inmunidad parlamentaria para que pueda hacerse efectiva la condena y que vaya a la cárcel.
Por ello, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema precisó, esta tarde, que la sentencia contra Donayre no tiene efecto suspendido; es decir, que no requiere de segunda instancia para su ejecución.
La Presidencia del PJ mandó un oficio al titular del Congreso, Daniel Salaverry, en el que se cita la resolución de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, que establece que:
"no existe sustento legal que ampare la decisión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso para devolver a la Corte Suprema el expediente de Donayre Gotzch, alegando carencia de firmeza del fallo judicial".
En el documento, el PJ señaló que el Congreso no ha tomado en cuenta que en el fundamento 15 del pedido, realizado el pasado 11 de setiembre, está indicado de manera expresa que la sentencia debía ejecutarse en concordancia con lo establecido en los artículos 293 y 330 del Código de Procedimientos Penales.
Precisó también que el recurso de nulidad interpuesto contra el fallo judicial no impide cumplir la sentencia condenatoria contra Donayre, por lo que no resulta necesaria la segunda instancia.
El presidente del referido grupo de trabajo del PJ, el juez supremo Francisco Távara Córdova, sostuvo que la solicitud para autorizar la efectividad de la sentencia debió ser sometida al Pleno del Congreso para su deliberación.
El magistrado sostuvo que la comisión a su cargo actúa en estricto respeto a los principios de independencia e imparcialidad en todos los casos. En ese sentido, consideró inapropiadas las expresiones del congresista fujimorista Carlos Tubino, que atribuye “mala fe” a la conducta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema.
Fundamentos
Conforme al Código de Procedimientos Penales de 1940, en base al cual ha sido tramitado el proceso, el recurso de nulidad presentado contra la sentencia condenatoria no tiene efecto suspensivo, es decir, es ejecutada conforme a sus propios términos.
De acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal del año 2004, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia también carece de efecto suspensivo.
Según el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sentencias deben ejecutarse, debiéndose dar cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico-penal aplicable a este caso.
[Foto de portada: El Heraldo / Congreso]
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