La abogada Giuliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, anunció que este lunes presentará la apelación contra la prisión preventiva de 36 meses por dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho contra la dos veces candidata presidencial, a quien la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos y crimen organizado, y la medida la cumple en el Penal de Mujeres de Chorrillos.
La ley considera tres días hábiles para presentar la apelación, precisó Loza, pero inmediatamente después de la diligencia donde el juez dispuso la medida, no ha habido atención en el Poder Judicial debido al feriado largo, agregó.
"Queremos presentarla el lunes, estamos trabajando en la sustentación de la apelación. Al finalizar la audiencia anunciamos que apelábamos, lo que queda es presentar la fundamentación por escrito y lo vamos a hacer el lunes", precisó en radio Nacional.
La abogada dijo que solicitarán que la prisión preventiva sea revocada, al no haber fundamentos para ella, a fin de que Keiko Fujimori enfrente el proceso en libertad. Tras referir que los plazos para estas solicitudes son muy rápidos, dijo esperar que entre martes y miércoles sea elevada a una sala que se aboque al tema.
Loza precisó que entre los argumentos de la apelación están las interpretaciones que, a su entender, hizo el juez respecto a las declaraciones testimoniales de los testigos protegidos de la fiscalía.
"Ha interpretado la declaración del testigo protegido número 4, él no dice que le consta o que acredite la existencia de una reunión entre César Hinostroza y Keiko Fujimori, pero el juez concluye que sí se dio", afirmó la abogada.
De igual forma, negó que los testigos hayan sido presionados o amenazados por Fujimori Higuchi o su entorno, al no haber ninguna declaración que mencione tal cosa, pero lo cierto es que sí hay, al menos, dos falsos aportantes de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, captados por Jorge Yoshiyama Sasaki, el sobrino carnal de Jorge Yoshiyama Tanaka, que han declarado al fiscal del caso, José Domingo Pérez, que recibían amenazas y presiones para que se retracten, como revela este sábado La República.
Además, Loza dijo que lo declarado por el testigo número 3 quedó desacreditado en la audiencia de prisión preventiva, porque no se ajusta a la verdad. "Ese testigo habló sobre una supuesta reunión de directivas para el lavado fue en local de Bucaré en 2011, pero Fuerza Popular está en ese sitio desde enero de 2013", alegó.
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