El congresista de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce pidió al presiente Martín Vizcarra observar la ley que permite la liberación de presos mayores de 65 años, que se aprobó sin mayor debate ni análisis para evitar que Alberto Fujimori vuelva a prisión tras anularse su indulto, aunque reconoció que se trata de una decisión exclusiva del Ejecutivo.
La cuestionada autógrafa llegó al despacho del mandatario el viernes por la tarde y jefe de Estado tiene ahora 15 días para promulgar la norma u observarla. El plazo culmina el lunes 5 de noviembre."Nuestra bancada votó en contra, creemos que la ley tiene errores y defectos por la testarudez de no analizarla técnicamente antes en la Comisión de Justicia", declaró el parlamentario a la agencia Andina.
"Yo le sugeriría al Ejecutivo que la observe, pero el Ejecutivo será el que tome sus decisiones"
Los escenarios posibles
Bruce sostuvo que la observación podría ser parcial o total; de ser el primer caso se incluirían correcciones y volvería al Parlamento para su consideración. "Sea total o parcial es algo que tendrá que decidir El ejecutivo, las dos son opciones abiertas", puntualizó.
El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó una ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena, a través de la cual los adultos mayores desde los 65 años podrán cumplir su condena en su domicilio, con un grillete electrónico.
La norma permite a los adultos mayores sentenciados completar sus condenas, no solo en sus viviendas, sino también con libertad "de desplazamiento circunscrito a la provincia donde se encuentra el domicilio o lugar que señala el penado".
La iniciativa, presentada por la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma se aprobó con el voto a favor de 55 congresistas (del fujimorismo y del bloque de Kenji), 30 en contra y dos abstenciones. Y se le exoneró de segunda votación y previamente del trámite de comisiones; es decir, se presentó y aprobó en tiempo récord. Sus críticos consideran que tiene nombre propio, porque la ley beneficia directamente a Alberto Fujimori, por lo que sería ilegal.
Fuentes del oficialismo que cita El Comercio señalaron que este fin de semana se analizará la norma, por lo que recién el lunes habría novedades sobre una posible observación. Si el Ejecutivo la rechaza, el Parlamento tiene tres opciones: insistir en lo que se aprobó el jueves, allanarse a las observaciones o llegar a un punto medio, adoptando algunas de las objeciones del Gobierno.
Como ya lo han hecho el fujimorismo y sus aliados en el Congreso, si se opta por la insistencia, se abre el camino para una acción de inconstitucionalidad con el fin de anularla, pero mientras el Tribunal Constitucional (TC) resuelve la demanda, la norma podrá ser aplicada y, en si se declara ilegal, ya no podrá aplicarse de forma retroactiva para quienes se acogieron al beneficio.
La otra posibilidad es que se recurra al sistema interamericano, como pasó con el indulto, en un contexto en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) subrayó que cualquier figura que interrumpa la pena de una persona condenada por graves violaciones de derechos humanos como Fujimori necesita cumplir varias condiciones: una es que haya pagado la reparación civil y cumplido, al menos, las dos terceras partes de sus condena; además que haya pedido perdón a las víctimas y que haya colaborado con la búsqueda de la verdad. Hasta la fecha, Fujimori no ha cumplido ninguna de estas.
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