Nuevas sombras y sospechas recaen sobre el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien es acusado de integrar la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', la mafia de jueces, fiscales, políticos y empresarios dedicados boicotear el sistema judicial para beneficios particulares, por hechos que se remontan a marzo de 2014.
Sucede que en esa fecha, el Ministerio Público desembolsó S/9.000 a nombre de Gálvez Villegas, quien en esa época se desempeñaba como director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas de la fiscalía, para los gastos de un almuerzo que debía realizarse luego de un taller con ronderos de las provincias de Chota, Santa Cruz y Celendín, los días 21, 22 y 23 de marzo de ese año. El Comercio viajó a esta región a indagar al respecto, y se dio con una serie de sorpresas.
Primero recogió el testimonio de Francisco Becerra Sánchez, el presidente de las rondas campesinas de Santa Cruz, quien afirmó que no se realizó ningún taller, y menos un almuerzo o cena en los días referidos. Y agregó que está dispuesto a ratificar este testimonio ante las autoridades competentes.
Lo que hubo, según dijo, fue una reunión en el auditorio municipal de Santa Cruz, organizada por la fiscalía, a la que asistieron entre 25 y 30 representantes de las rondas. "Las rondas no han participado en ningún almuerzo, menos en [alguna] cena porque los ronderos en ningún evento nos quedamos más allá de la una o dos de la tarde", relató Becerra.
Y los antecedentes del fiscal Gálvez aboban aún más a las dudas, porque como se ha revelado, este magistrado fue denunciado por haber falsificado comprobantes de pago para justificar gastos que no existieron por un valor de S/23.469. Ginger Salguero, el exasistente de Gálvez, interpuso la acusación en noviembre del 2015, pero el 4 de julio del 2016, el entonces jefe de Control Interno, Pedro Chávarry, hoy cuestionado fiscal de la Nación y acusado también de integrar 'Los cuellos blancos del puerto', la declaró infundada y la archivó.
El modus operandi de Gálvez Villegas para sustentar los gastos del supuesto taller en Cajamarca parece haber sido el mismo, porque adjuntó una boleta con fecha 21 de marzo del 2014 –día de inicio de la capacitación– del restaurante Mi Yalu por el valor de S/1.500, pero Rojana Guerrero Gonzales, propietaria del local, aseguró que el comprobante de pago no fue emitido por su negocio. De hecho, los talonarios de las boletas que emite no son los que presentó el fiscal supremo.
"Solo vendo pollos a la brasa. Un plato personal vale 10 soles, y no tengo cobertura para atender a más de 60 personas", explicó Guerrero a El Comercio, tras precisar que el número de celular impreso en las boletas presentado Tomás Gálvez no es el de su restaurante.
Pero hay más. Gálvez también presentó comprobantes de pago de la picantería La Caleta por el mismo monto —S/1.500—, con fecha del 21 de marzo del 2014, pero Arístides Tenorio Correa, administrador del local, e hijo de María Edelmira Correa Huamán, propietaria del negocio, dijo que ni él su madre firmaron algún tipo de declaración jurada para el Ministerio Público.
El fiscal supremo rechazó la imputación que hizo el presidente de las rondas campesinas de Santa Cruz, al afirmar que el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas sí celebró dos actividades coordinadas por Verónika Cabrejo, hoy fiscal provincial titular civil y de familia de esa provincia. Esta magistrada no quiso declarar al respecto. Alegó que no tenía autorización.
Sobre las boletas de pago de los restaurantes Mi Yalu y La Caleta, Gálvez Villegas aseguró que no fueron adulteradas, pero que las tramitó su exasistente Leopoldo Quispe. "Eso lo ha traído Quispe", insistió al ser consultado por el Decano.
"Ahora les están pagando [a los ronderos], les están diciendo tal cosa con la finalidad de incriminarme. Yo no tengo nada que ver en eso, no me encargaba de las boletas".
Preguntado al respecto, Quispe dijo que se busca dañar la imagen de Gálvez y que los testimonios en su contra son falsos, tras señalar que sí hubo dos talleres en Santa Cruz y que se ofreció almuerzo a los ronderos. "Ningún documento ha sido adulterado por alguna mala intención. Nos sometemos a esa investigación en lo que fuera necesario", alegó.
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