EL Ejecutivo oficializó este viernes la creación de la "Comisión de Reforma del Sistema de Justicia", que depende de la Presidencia de la República, según la resolución suprema publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, como respuesta al escándalo por los audios del CNM, que destaparon la podredumbre en las altas esferas del aparato judicial.
Este grupo consultivo tiene la misión de proponer medidas urgentes y concretas para reformar el sistema de justicia, con el objetivo de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible.
La Comisión está integrada por Allan Wagner Tizón, quien la presidirá, Delia Revoredo Marsano, Hugo Sivina Hurtado, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla Vergara y Walter Albán Peralta. La participación de los miembros de este grupo es ad honórem.
Wagner, Revoredo, sivina, abad, vega, Revilla y Albán conforman la comisión. (Composición: Lamula.pe)
La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del Despacho Presidencial, y tiene como función apoyar el trabajo de la Comisión, entre otros, para la solicitud, recopilación y análisis de información, organización de reuniones y elaboración de actas y redacción de documentos, señala la norma legal.
La resolución suprema N° 142-2018-PCM indica que para el cumplimiento de su encargo, la Comisión podrá invitar a sus sesiones a personas y representantes de instituciones especializadas en la materia, para recibir aportes orientados a que se logre el objetivo.
El dispositivo señala que a los 12 días de su instalación, la Comisión presentará al Presidente de la República un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia.
El referido documento incluirá la propuesta para la creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, el cual garantice la sostenibilidad de una reforma integral.
Duración del mandato
La Comisión continuará en ejercicio de su mandato, vigente hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la que entregará sus recomendaciones finales al jefe de Estado, en sesión del Consejo de Ministros.
En tanto, la implementación de lo dispuesto en la presente norma no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, precisa la resolución.
El dispositivo legal es refrendado por el presidente de la República, Martín Vizcarra; el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi.
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