Los audios que revelan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias de parte de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que ha llevado a las autoridades a impulsar una reforma judicial, fueron consecuencia de una investigación a una organización criminal, aseguró el juez Cerapio Roque Huamancondor, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de asuntos de corrupción y crimen organizado del Callao, quien ordenó la interceptación de los teléfonos de los jueces César Hinostroza y Walter Ríos y otros mimebros del CNM.

A través de un comunicado, el magistrado aclaró que en el momento en que la fiscalía del crimen organizado del Callao solicitó el levantamiento de las comunicaciones de los números telefónicos que fueron intervenidos se desconocían los nombres de sus titulares y los cargos que estos tenían.

Roque Huamancondor manifiesta, en ese sentido, que los los números telefónicos solicitados por la fiscalía correspondían a personas, presuntamente involucradas con una organización criminal, conocidas solo con un nombre o un alías. Por ello es que el pedido de la fiscalía apuntaba a una intervención de teléfonos, con los cuales miembros de una banda dedicada al narcotráfico, extorsión y sicariato se comunicaba y que se sospechaba terminaron siendo de miembros del sistema judicial. 

"En tales requerimientos fiscales se peticionaban sobre números telefónicos involucrados en presuntos actos delictivos y no se señalaban nombres y apellidos de las personas (solo un nombre, sobrenombre y siglas), menos los cargos públicos que ejercían", dice el comunicado.

El juez asegura que su despacho resolvió bajo los parámetros de la Constitución y del Nuevo Código Procesal Penal "no violándose las disposiciones del proceso por razón de función pública que contempla la Sección II del Libro V del Nuevo Código Procesal Penal". Por lo tanto su medida fueron dictadas lícitamente. 

Estas declaraciones fueron respaldadas por el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías de lucha contra el crimen organizado, quien ratificó en diálogo con RPP que las escuchas a los funcionarios judiciales filtradas esta semana a medios de comunicación tienen “origen constitucional y legal”.

“Por supuesto que sí”, contestó Chávez Cotrina al ser cuestionado sobre la legalidad de las escuchas. “La interceptación nace a consecuencia de una investigación en la que la doctora [Rocío Sánchez, fiscal provincial del Callao] estaba recopilando información sobre una organización criminal vinculada al narcotráfico, ahí aparecen las escuchas telefónicas. Tiene origen constitucional y legal”, explicó el fiscal.

Del mismo modo, ante la pregunta de si la filtración de estos audios, publicados por el portal IDL Reporteros y Panorama, les quitaba validez como pruebas en un eventual juicio, el fiscal respondió que “de ninguna manera” e insistió en que su “origen es constitucional”. “El hecho que se haya filtrado es materia de otra investigación. Lamentamos que se haya filtrado la reserva de investigación, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Son dos investigaciones paralelas”, indicó.

(Foto de cabecera: La República)

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