¿Lo hicieron mal a propósito o es reflejo de su desesperación? El Ministerio Público intervino, este martes, el local del medio de comunicación IDL-Reporteros con el objetivo de tener acceso a los documentos que tenían los periodistas producto de la investigación que realizaron sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El último domingo, IDL-Reporteros difundió unos audios en los que se escucha a los encargados de nombrar y destituir jueces y fiscales conversar sobre intercambios de favores y negociaciones. Las voces pertenecen a Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez (CNM), el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el juez supremo, César Hinostroza.
Al día siguiente, un grupo de fujimoristas y apristas, en lugar de indignarse por este presunto caso de tráfico de influencias, cuestionó a IDL-Reporteros por tener acceso a las conversaciones de magistrados y pidió la intervención de las autoridades. La mañana de hoy martes, un fiscal y cuatro policías llegaron a la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL), pero no pudieron culminar la diligencia porque los representantes del Ministerio Público no tenían el documento oficial.
El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, consideró a esto como una forma de amenazar a los periodistas y de obstaculizar las investigaciones que apuntan a las más altas esferas del sistema de justicia: los encargados de nombrar y destituir jueces, los miembros del CNM.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) no fue ajena a esto y consideró a lo ocurrido como "acoso a periodistas", "grave atentado a la libertad de prensa" y un "acto de hostigamiento".
"Para la ANP, una vez más, se ataca al mensajero olvidando que en nuestro país el derecho constitucional a la reserva de las fuentes es sostén del ejercicio periodístico. Llama la atención esta diligencia que no constituye en sí un acto de torpeza sino un grave atentado a la libertad de prensa".
"Resulta cuando menos extraño que con sorprendente celeridad el Ministerio Público -cuyo deber es defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos- lleve adelante la incautación de material periodístico a sabiendas de lo que lo que el marco legal prescribe sobre ello, siendo delito toda acción que impide circular libremente un órgano de expresión".
Con ello, la asociación expresó su solidaridad y respaldo al equipo periodístico de IDL-Reporteros, que investiga el caso CNM. Resaltó que el objetivo es revelar los asuntos de interés público que pueden afectar la "salud moral del país".
Recordó también las épocas de la dictadura fujimorista.
"El gremio, a nivel nacional, se mantiene vigilante ante esta nueva arremetida contra el periodismo de investigación, embestida impropia de un régimen democrático y que recuerda los peores momentos de la autocracia".
"Claro está, para la ANP, que cuando se ataca a medios y periodistas, lo que se pretende es afectar garantías democráticas, más en un país donde los medios se convierten en el principal instrumento de denuncia de la corrupción".
[Foto de portada: IDL-Reporteros]
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