¿Bajo qué lógica se mantiene durante veinte años a cerca de 300 mil trabajadores con menos derechos que en otros sectores? ¿Por qué son agricultores? ¿Por qué están en el campo? Así de discriminatorio es el Régimen Laboral Agrario (Ley N° 27360) que se aplica en Perú desde el 2001 y que debería llegar a su fin en 2021. Sin embargo, los empresarios agroexportadores, con el apoyo de un grupo de congresistas y la aprobación del presidente Martín Vizcarra, pretenden ampliar esta modalidad de trabajo hasta el 2031.

En junio pasado, la parlamentaria Úrsula Letona (Fuerza Popular) logró que el predictamen que amplía la vigencia del Régimen Laboral Agrario se ponga en agenda la Comisión Agraria del Congreso y se apruebe. Por ello, es necesario señalar las razones por las que esta ampliación no debe realizarse.

1.- Parece una condena

¿Es el régimen laboral agrario algo perpetuo para los trabajadores? Cuando la ley se aprobó en el 2000, durante la dictadura de Alberto Fujimori, se argumentó que era una modalidad temporal, ya que su objetivo era promocionar las agroexportaciones. Por ello, se estableció su vigencia hasta el 2010. Sin embargo en el 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros, se amplió hasta el 2021.

El año pasado, aprovechando la mayoría fujimorista en el Congreso, la Asociación Nacional de Exportadores (Adex) y otros gremios empresariales iniciaron una campaña para ampliar el régimen laboral agrario. Si bien su primera intención era hacerlo hasta el 2050, igual lograron que Letona ponga en agenda el predictamen que propone una prórroga hasta el 2031.

“El régimen agrario ha cumplido sus objetivos con los empresarios, que han sacado provecho, pero nosotros no hemos avanzado, no hemos tenido un desarrollo económico y hemos dado nuestra juventud, nuestra vida”, afirma Walter Campos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro).

2.- Es discriminatoria e injusta

Los trabajadores del régimen general tienen derecho a dos gratificaciones por fiestas patrias y fiestas de fin de año, dos depósitos anuales por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y 30 días de vacaciones.

Sin embargo, los del régimen laboral agrario, no reciben gratificaciones, ni CTS. En teoría, estos conceptos vendrían incluidos en sus sueldos mensuales,  pero con ello, los agricultores solo reciben un aproximado de 1,000 soles mensuales, según Fentagro. Además, solo reciben 15 días de vacaciones al año.

Algunos podrán decir que este salario se debe a que los trabajadores del campo no son mano de obra calificada o profesional. Sin embargo, estos no consideran las condiciones en las que laboran estas personas: trabajan a la intemperie, bajo el sol y realizan esfuerzo físico. Por ello, las consecuencias más conocidas son la deshidratación y los dolores de espalda. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en 2015, da cuenta de los riesgos en la salud que sufren los trabajadores de este sector.

Esto debe ser tomado en cuenta a la hora de definir un salario. Pero, en este caso, no solo se trata de sueldos bajos, sino de derechos laborales recortados. Todo un combo que quiere ser ampliado por empresarios y fujimoristas.

3.- Afecta al presupuesto del Estado

La lógica del régimen laboral agrario es beneficiar a las empresas. Exonerarlas de varios pagos para que sigan acumulando más ganancias. No solo son los trabajadores los que deben sufrir las consecuencias, sino también el Estado. Amparándose en el Seguro Agrario, en teoría para los pequeños agricultores, las grandes empresas del sector solo aportan 4% a EsSalud en lugar del 9% que aportan las del régimen general. Esto ha generado un déficit de más de 300 millones de soles al año.

Las agroexportadoras solo pagan la mitad del impuesto a la renta (15%), son beneficiados con la devolución anticipada de aranceles pagados por insumos importados, tienen acceso a infraestructura de riesgo subsidiada por el Estado, así como gozan de ventajas arancelarias por los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Además, el Estado transfiere fondos mediante la adjudicación a bajo de costo de tierras favorecidas por la infraestructura de irrigación. Especialistas calculan que solo se ha recuperado el 12% de estas inversiones.

4.- No ayuda a disminuir la pobreza y la informalidad laboral

Este mismo grupo de especialistas, entre los que se encuentran las organizaciones Trabajo Digno, el Instituto de Estudios Sindicales, Equidad, Plades, Solidarity Center y Cedal, señala que "la reducción en los niveles de pobreza rural registra avances similares en las zonas donde rige el régimen de promoción agraria que en otras al margen de su aplicación". Esto se trae abajo el argumento de que el régimen laboral agrario trae bienestar económico y social a la población.

Afirman también que el régimen no aporta a la formalización laboral en el sector, de solo 19% en la actualidad. "Por el contrario, favorece principalmente a un pequeño sector de grandes empresas que emplean el 89% de los trabajadores comprendidos por esta norma, en un contexto en el que el sector en su conjunto ha crecido y alcanzado niveles de rentabilidad superiores al resto de actividades económicas", señalan.

5.- Presenta conflictos de intereses

Como recordamos anteriormente, esta ley fue aprobada durante la dictadura fujimorista. En ese entonces, el ministro de Agricultura era José Chlimper. Actualmente, Chlimper es secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, que impulsa la ampliación, y representante de Agrokasa, una de las principales agroexportadoras del país.

Por ello, se entiende que esta propuesta legislativa se haya presentado sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, ni haber realizado ningún debate con especialistas en la materia.

6.- Sería un roche internacional

Las críticas al régimen laboral agrario no solo vienen de los sindicalistas peruanos, sino también de Estados Unidos, país con el que Perú firmó un TLC. Entre los acuerdos, se encuentra el respetar los derechos laborales. El Departamento de Trabajo de EEUU ya ha pedido al Estado peruano revisar el régimen laboral agrario por considerar lesivo a los derechos de los trabajadores, entre los que se encuentra el de sindicalizaición. Cifras del Ministerio de Trabajo revelan que solo el 4% de los trabajadores del sector están sindicalizados. Prueba de ello es Fentagro, el gremio sindical del sector que solo agrupa a 15 sindicatos de todo el país.

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Ante la intención de los empresarios y fujimoristas de seguir atentando contra los trabajadores agrarios, un grupo de organizaciones y especialistas se ha pronunciado para pedir al Congreso que:

"legisle con sentido de justicia y equidad, considerando que el sector agroexportador ha logrado un nivel de consolidación económica y comercial -durante casi dos décadas de régimen especial- que hace viable el tránsito de sus trabajadores el régimen laboral general, con pleno acceso a los derechos laborales, en reconocimiento que los trabajadores y trabajadoras del campo son un factor determinante en el desarrollo del sector agroexportador".

Los especialistas proponen que para mejorar la competitividad, promover el desarrollo económico y la formalización laboral en el sector se deben impulsar políticas públicas que fomenten la capacitación laboral e innovación tecnológica. 

"Esta vía permitiría generar mayor valor agregado, que a su vez redundaría en crecimiento económico, mejores remuneraciones y como consecuencia de ello, empleos de calidad. Nada de esto se percibe en el intento de prorrogar su vigencia", agregan.

Se espera que el Ministerio de Trabajo intervenga en este tema y haga respetar los derechos laborales de los trabajadores y evite que se siga ampliando el régimen laboral agrario, una modalidad de trabajo que ya perdió sentido.

[Foto de portada: Andina]

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