La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó la solicitud de Estados Unidos para extraditar al peruano Pedro Pérez Miranda, más conocido como 'Peter Ferrari', quien es requerido por la Justicia estadounidense por lavado de activos.
Pérez Miranda cumple prisión preventiva en un penal de máxima seguridad en la en Pasco, a donde trasladado desde Lima porque se detectó que tenía un plan de fuga.
La Corte Suprema también aprobó la extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias "Pepe Morales", el presunto cómplice de Ferrari en el delito de conspiración para cometer lavado de dinero en agravio de EEUU, informó El Comercio.
Pérez Miranda es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido mediante actividades delictivas como la minería ilegal y narcotráfico.
El tribunal supremo presidido por el magistrado César San Martín, e integrado por los jueces Víctor Prado, Hugo Príncipe, José Neyra e Iván Sequeiros, consideró que se cumplen los presupuestos establecidos en el tratado de extradición entre Perú y EEUU.
Por ello, se ordenó que el cuaderno de extradición sea remitido al Ministerio de Justicia por intermedio de la presidencia de la Corte Suprema, aunque la decisión señala que los investigados serán extraditados cuando culmine el proceso que se les sigue en Perú por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
El pasado 17 de abril, la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron unos 30 inmuebles vinculados con el caso de Pérez Miranda, en un operativo en el que también se incautaron documentos contables, financieros y equipos de telecomunicaciones, entre otros objetos.
De acuerdo con la imputación fiscal, Pérez Miranda es dueño de varias empresas de fachada dedicadas a lavar dinero generado por la minería ilegal, dirigidas por testaferros que son familiares y allegados suyos.
En marzo del 2015, la fiscalía peruana estableció que entre el 2012 y 2013 cuatro empresas vinculadas con él exportaron a EEUU más de 14 toneladas de oro, con una ganancia de 636 millones de dólares.
A una de ellas, la compañía Comercializadora Minerales Rivero, se le incautó en diciembre de 2013 un cargamento ilegal de oro para exportación valorado en 2,5 millones de dólares.
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