Finalmente la Comisión Permanente del Congreso aprobó el primer paso hacia el desafuero de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, al aprobar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda dicha medida por su implicancia implicados en los videos grabados por el fujimorista Moisés Mamani.
A pedido de congresistas del Nuevo Perú la votación se realizó por separado para cada uno de los parlamentarios y separando los artículos de la Constitución que habrían infringido.
En el caso de Fujimori Higushi, por violación al artículo 39 de la Constitución, el informe fue aprobado por 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Para Bocángel y Ramírez se contó con 12 votos a favor.
Por violación a los artículos 35, 38, 43, 44 y 45 el caso del hijo menor del exdictador Alberto Fujimori y Bienvenido Ramírez fue aprobado por 10 votos a favor, mientras que en el caso de Bocángel por 9.
El documento también recomienda denunciar a los tres congresistas ante la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
En este punto el caso de los tres parlamentarios fue aprobado por 15 congresistas sin ninguna abstención ni votos en contra.
El siguiente paso, según lo establecido en el Reglamento del Congreso, será nombrar subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el documento y formule acusación ante el Pleno. Se aprobó que el encargado sea el congresista César Segura.
Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión correspondiente.
Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno vota, pronunciándose si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación.
En el primer caso, el Pleno debate y vota, en la misma sesión, si se suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley.
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