La fiscalía de Suiza reportó a sus pares peruanos sobre el hallazgo de una nueva cuenta bancaria con tres millones de dólares vinculada al caso Lava Jato en Perú. Aunque inicialmente trascendió que pertenecía al expresidente Alejandro Toledo, luego se confirmó que en realidad está a nombre del empresario israelí Gil Shavit.
Shavit es investigado junto al gobernador regional del Callao Félix Moreno, por el delito lavado de activos en el proceso, como parte del proceso por las presuntas coimas de Odebrecht para ganar la adjudicación del proyecto Costa Verde-tramo Callao.
La alerta de las autoridades europeas llegó a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público peruano, pero lo que aún falta establecer con certeza es si los fondos de la cuenta en mención están o no relacionadas con los pagos ilícitos de las constructoras brasileñas en nuestro país.
La documentación hallada por el Ministerio Público suizo ya está en manos del Equipo Especial del caso Odebrecht, que lidera el fiscal Hamilton Castro.
La fiscalía acusa al israelí de haber recibido el 40% de los US$4 millones que pidió el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, a Odebrecht para darle la buena pro del referido proyecto vial. El pago se habría realizado a través de 'offshores' simulando contratos de consultoría.
Shavit, 48 años, es un coleccionista de arte conocido en las páginas de sociales de Lima, está casado con Dafna Ivcher, la hija del broadcaster Baruch Ivcher, y en la actualidad posee más de 15 propiedades, de las que 11 son inmuebles comprados en el Callao después del 2014, fechas que coinciden con los pagos por coimas de Odebrecht.
El israelí es el fundador del proyecto Fugaz, con el que creó "Monumental Callao", espacio de arte que llamó la atención de medios nacionales e internacionales, para el cual compró la Casa Ronald, un edificio de estilo inglés construido entre 1900 y 1928, en pleno corazón del puerto chalaco.
Sin embargo, las repercusiones no solo fueron positivas, porque el diario británico The Guardian denunció que para concretar el proyecto se desplazó a mucha gente que se negó a vender sus propiedades.
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