“Venganza de la dupla Carhuancho -Juárez”. Así calificó Alberto Otárola, uno de los abogados del expresidente Ollanta Humala, la orden de embargo que dio el juez Richard Concepción Carhuancho en contra de una casa y otras cuatro propiedades vinculadas al exjefe de Estado y su esposa, Nadine Heredia, ambos investigados por el presunto delito de lavado de activos.

Otárola cuestionó que la medida judicial se ejecute valiéndose de un “comando armado hasta los dientes de la Policía Nacional”. “¿Se preguntaron si hay niños en la casa de Ollanta y Nadine?”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.

Un equipo del Ministerio Público, liderado por el fiscal Germán Juárez Atoche, dirige desde tempranas horas de este lunes la diligencia de incautación de la vivienda de Humala y Heredia, así como de otros cuatro inmuebles, uno de ellos de propiedad de la exfuncionaria de OSCE Rocío Calderón Vinatea, amiga íntima de la ex primera dama.

Esta casa fue adquirida por la exasesora legal de la Secretaría de la Presidencia por un monto de aproximadamente S/630.000, pero en el sistema bancario solo se registró un pago de S/279.000. Sea como fuere, la amiga de Heredia Alarcón no ha podido sustentar cómo canceló la totalidad del inmueble.

Calderón Vinatea está comprendida en la investigación por presunto lavado de activos que se les sigue al expresidente y a su esposa por los aportes que habría recibido el Partido Nacionalista del gobierno de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y 2011.

La fiscalía precisó que la incautación de estos inmuebles implica “su desposesión” y posterior entrega al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que depende del Ministerio de Justicia, “debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito”.

La autorización judicial de embargo preventivo que obtuvo la fiscalía incluye en total cinco inmuebles en los distritos de Surco, La Molina, La Victoria y Lurín, todos vinculados a la investigación fiscal. La misma medida ordena que se congelen las cuentas bancarias de los investigados.

Fuentes que cita El Comercio señalaron que el fiscal Juárez Atoche realizó este requerimiento hace tres semanas y que el juez Concepción lo autorizó el fin de semana pasada. Sin embargo, recién se ejecutó este lunes —una semana después que la pareja sea liberada por una orden excarcelación dictada por el Tribunal Constitucional— porque antes debían coordinar la intervención con la Policía.

(Foto de cabecera: Andina)

Notas relacionadas: