El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley en el que solicita facultades para legislar en seis áreas: tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y modernización de la gestión del Estado.

En el documento firmado por el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, se pide que Luis Galarreta, presidente del parlamento, disponga a trámite el proyecto con carácter de urgente.  

El gobierno pide la facultad de legislar por el plazo de 60 días calendario en las mencionadas materias.  

En materia tributaria y financiera, el Ejecutivo propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de fomentar la inversión, otorgar seguridad jurídica, reducir la evasión y elusión tributaria, ampliar la base tributaria, simplificar el sistema tributario, mejorar la progresividad del sistema tributario, eliminar posibilidades de arbitraje, fomentar el uso de comprobantes de pago y perfeccionar la normativa referente a los regímenes tributarios simplificados. 

En cuanto a la reconstrucción, plantea disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y medidas especiales para atención a población damnificada.

También sostiene que legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción permitirá impedir el ingreso o permanencia de servidores en la administración pública que hayan sido condenados penalmente por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo. Asimismo propone establecer lineamientos que regulen la presentación de la declaración jurada de intereses y la gestión de intereses en el Estado (lobby).

Vizcarra y Villanueva proponen regulaciones que incorporen mecanismos procesales efectivo, independiente y autónomo de la acción penal, para la persecución de la propiedad obtenida a través de actividades ilícitas, es decir la Ley de Extinción de Dominio, de modo que permita revertir a favor del Estado, la propiedad de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier acto ilícito en el ámbito nacional o en el extranjero. 

Asimismo, el pedido dispone de las medidas legislativas destinadas a combatir las actividades ilícitas en las operaciones de comercio exterior.




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