El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves reconocer a un grupo de mineros encargados de los trabajos de excavación de los túneles empleados por los comandos Chavín de Huántar para rescatar a los rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1997. 

La decisión supone declarar a los mineros como 'Defensores Calificados de la Democracia', pero el debate de la iniciativa derivó, como era de esperarse, en la tergiversación por parte de algunos parlamentarios que aprovecharon una vez más en insinuar que quienes observaban o pedían un mayor debate eran poco menos que 'pro-terroristas'.

Congresistas del fujimorismo y el APRA, sacaron toda su artillería cuando se pidió que la propuesta solo incluya a los mineros, más no a rehenes u otros actores. Parlamentarios como Luz Salgado, Cecilia Chacón, y Héctor Becerril, sostuvieron que lo que motivaba a los opositores era el "odio" y el "no reconocimiento a las Fuerzas Armadas".


Sin embargo, Marisa Glave y Alberto Quintanilla, congresistas de Nuevo Perú, pidieron la palabra y respondieron a las acusaciones, refutando la insistente reiteración en la falacia de relacionar automáticamente la izquierda con el terrorismo.

"Lo que nosotros no queremos es que se siga usando a la gente, de eso es de lo que estamos hartos. Hartos de que se usen a los militares que heroicamente ingresaron para justificar a otros. Que usen una acción heroica para robarse un millón. Que usen a los mineros para condecorar bajo la mesa ¿a quién? ¿a Tudela? ¿a Giampietri? ¡díganlo, pues!"
"Hoy dicen que la Corte Interamericana le da terrenos a terroristas. Eso no es verdad. La Corte junto con el Estado peruano reconoció que el Estado violó los derechos humanos de un conjunto de gente a la que metió inocente a la cárcel. Eso no se puede olvidar".


"Nosotros no admitimos decir que nosotros tenemos una posición en contra de las instituciones militares del país (...) No nos pueden confundir alegremente diciendo que nosotros queremos defender a las bandas terroristas u otros. Lo que más corresponde procesalmente es una resolución legislativa, y si queremos preservar los nombres, podemos sacar una que tenga carácter reservado y dándole el derecho a la persona beneficiada a mantener el anonimato hasta que lo considere conveniente. Eso es lo que corresponde, no vengamos a confundir demagógicamente posiciones".


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