Hasta hace unas tres semanas, muy pocos sabían de la existencia del congresista fujimorista Moisés Mamani, quien cobró notoriedad pública por ser quien grabó —en audio y video— de forma subrepticia a sus colegas disidentes de su bancada y al exministro Bruno Giuffra, lo que precipitó la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por un supuesto intento de compra de votos para evitar su vacancia.
Desde entonces, los reflectores de la opinión pública y de los medios se posaron sobre él. Y empezó a salir ese hedor que suelen emanar los personajes oscuros. Mientras para Fuerza Popular Mamani Colquehuanca es una especie de "héroe de la democracia", para la justicia su millonario patrimonio está envuelto en un manto de dudas, reveló el domingo el programa Cuarto Poder.
De hecho, la fiscalía de Juliaca investiga hace dos años y de forma secreta al congresista puneño, quien hasta la fecha no entrega las grabaciones de audio y video sin editar al Ministerio Público, tal como se lo han solicitado. ¿La razón? Un desbalance patrimonial de siete millones de soles.
No por gusto en el fujimorismo se le conoce como 'El Padrino', no solo por la forma en la que hizo crecer su fortuna —de la noche a la mañana—, sino también por sus aportes generosos a la campaña electoral del 2016 de Fuerza Popular.
Una de las hipótesis principales de las pesquisas que están a cargo del magistrado Héctor Huacasi, de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Puno, es que existe un alto grado de probabilidad de que el patrimonio de Mamani tenga una procedencia ilícita: delitos tributarios, tráfico ilícito de drogas y minería ilegal.
El congresista fujimorista no ha querido responder a Cuarto Poder y tampoco a las autoridades. Para esto último se requiere el levantamiento de su inmunidad como parlamentario y que se precise en qué condición se pondrá a derecho para explicar cómo hizo su fortuna.
La oscura historia de Mamani se inició 1997, cuando empazó a crear o se apoderó de hasta 18 empresas en Juliaca, la mayoría de ellas dedicadas a brindar servicios de seguridad, según el reportaje de Cuarto Poder.
Pero lo que más llamó la atención de la fiscalía ocurrió en 2003, cuando Mamani y Sonia Calsín crearon la empresa Eservip con un capital fue de 20 mil soles, de los cuales 19.900 aportó el congresista fujimorista y la diferencia la puso su socia. Un año después, Eservip recibió un aumento de capital de 220.972 soles, dinero que fue inyectado en efectivo y nunca fue bancarizado, algo expresamente prohibido por la ley.
Esta operación la hizo en la Notaría Gutiérrez, la misma a la que luego acudiría para convertirse en el apoderado de empresas que fueron fundadas por sus allegados y familiares. Así se hizo de las compañías como M y C Sudameris Security, Andean Delta Security, entre otras.
Lo extraño es que en ninguna de las direcciones que consignaron estas empresas hay rastros de ellas, según un recorrido que hizo el programa dominical, que incluso recogió el testimonio de varios extrabajadores de Mamani que denunciaron que hasta la fecha no paga lo que les debe por concepto de sueldos atrasados.
Erick Urrutia, exempleado de Andean Delta Security S.A.C., dijo que el legislador fujimorista tiene varios testaferros, a quienes coloca al frente de sus empresas. "Moisés Mamani es el dueño, sus testaferros son sus hermanos y Meri Milagros", confirmó Marybel Rojas, otra extrabajadora de la citada empresa. Rodrigo Ticona, exagente de seguridad de una de las empresas de Mamani, dijo que el fujimorista falsifica documentos para que su personal pueda usar armas o manejar autos.
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